En los sistemas democráticos, aunque sea una perogrullada, la separación de poderes resulta pilar esencial para garantizar el equilibrio y la imparcialidad en la toma de decisiones políticas y judiciales.
Sin embargo, en ocasiones, la pasividad por parte del legislador pueden llevar a que los tribunales de justicia asuman un papel llamado “activista” para abordar determinados problemas postergados y proteger los derechos fundamentales de las personas.
Este fenómeno no es puramente nacional, desde luego, sino que se ha vuelto cada vez más común en diversos países, especialmente en aquellos donde el sistema político enfrenta obstáculos o se encuentra en el “inmovilismo” por diversas razones, conocidos por un lector interesado en informarse.
Como si fuese insuficiente lo anterior, a la pasividad del legislador se suma muchas veces la del ejecutivo. Y cuando el legislativo y el ejecutivo no logran actuar para resolver una o varias situaciones críticas, los tribunales de justicia no pocas veces se ven enfrentados en la resolución de un caso concreto, y en el afán de dar una solución “lo más justa posible” al mismo, al dilema de adoptar decisiones que pueden ir mas allá de lo autorizado por el legislador democrático.
Ejemplo de ello, entre muchos, como las sentencias de la propia Corte Suprema que por la vía del conocimiento de acciones (recursos) de protección, acogiéndolas y ordenando al Estado a financiar millonarios tratamientos médicos, aun cuando no están cubiertos por la política pública respectiva (GES).
Se opta entonces por asumir un papel “proactivo” para proteger los derechos fundamentales de las personas. Y este rol puede manifestarse en diferentes áreas con diversos temas de relevancia social. En estas situaciones, se dice y justifica, los tribunales interpretan y aplican la legislación existente, de manera más amplia o con una lectura más “progresista”, con el fin de corregir las deficiencias del marco jurídico y garantizar la justicia para todos y no solo los más privilegiados miembros de la sociedad.
Pero como no todo lo que reluce es oro, el activismo judicial también puede generar líos y a veces bien gordos. No por nada el dicho que se señala que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, dicen los más críticos de este papel, que no desaprovechan ninguna oportunidad para demonizar la fórmula.
Desde que los tribunales están invadiendo la esfera de competencia del legislativo y tomando decisiones que corresponden exclusivamente a los representantes democráticamente elegidos por el pueblo, hasta que se destruye la institucionalidad con jueces que se creen legislando con sus fallos son argumentos que se reiteran como críticas.
Como sea, una respuesta desde la dogmática jurídica más pura no ofrece ninguna dificultad. Y sería más o menos así: Este papel estaría absolutamente proscrito a los tribunales, por superiores que éstos sean. Pero los problemas de la vida real, siguen ahí, tocando la puerta de los tribunales en busca de respuestas a problemas reales y muchas veces urgentemente críticos.
¿Donde fijar el punto de equilibrio? Para ser esta una pregunta con una respuesta más compleja que la que se cuestiona donde está el verdadero origen del “problema” del activismo judicial. Al parecer buena cuota de aquello se encuentra en la pasividad histórica de los otros poderes, incluyendo al legislativo.
Una segunda parte de estas líneas (inciertas), si se asumen debe destinarse a desentrañar o formular una hipótesis que explore razones de esta pasividad que muchas veces compromete valores centrales de la convivencia.
Todo ello para dilucidar si hay remedio a lo que describimos y postulamos en este texto o seguirá el Poder judicial subsidiando la falta de actividad de los otros poderes, especialmente el legislativo.
Como corolario: La paz social no se programa y debe satisfacerse a diario. He ahí lo que entre tanto maniqueísmo se oculta, pero no desaparece, permaneciendo latente.
