El tribunal confirmó la decisión del Consejo para la Transparencia que ordenó permitir acceso a índices de defunción, descartando causales de reserva y validando el principio de publicidad.
El máximo tribunal validó la decisión municipal de no renovar una contrata, al estimar que el funcionario ejercía un cargo de exclusiva confianza y que el acto administrativo estaba debidamente motivado.
La controversia sobre la base de cálculo de una pensión y la legalidad de un dictamen de Contraloría debe resolverse en sede de lato conocimiento y no por vía cautelar.
El máximo tribunal ratificó que la acción fue presentada fuera de plazo, validando el criterio de la Corte de Apelaciones de Concepción respecto del cómputo del término en sede cautelar.
La Primera Sala invalidó de oficio un fallo de la Corte de Apelaciones de Iquique y, en sentencias de reemplazo, acogió tanto una demanda de cumplimiento forzado como otra de resolución de promesa de compraventa.
El máximo tribunal rechazó los recursos de casación y validó el pago de honorarios variables pactados en contrato, al cumplirse la condición de sobreseimiento definitivo.
Máximo tribunal confirmó que la obligación de saneamiento incluye contaminantes sobrevinientes y aplicó la doctrina de los actos propios para rechazar la impugnación de la empresa.
El dictamen establece que las municipalidades pueden pactar trabajo a distancia con prestadores a honorarios en situación de discapacidad, si la función lo permite y no afecta el servicio.
