La Corte estableció que el plazo de dos años del artículo 86 de la Ley N° 20.529 se computa desde la resolución que instruye el procedimiento sancionatorio y no desde el acta de fiscalización.

El máximo tribunal confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que dejó sin efecto una sanción de la Superintendencia de Educación contra un establecimiento educacional, al estimar que la autoridad administrativa incurrió en falta de motivación y en una interpretación errónea del manejo pedagógico de un episodio disciplinario ocurrido en aula.