jurisprudencia

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Tratándose de una contraprestación en dinero derivada del vínculo laboral y prevista en el Reglamento para Funcionarios No Docentes de la Municipalidad de Curicó, su pago no puede ser desconocido por interpretación de la Contraloría General de la República.

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El máximo tribunal sostuvo que el exceso de los plazos del artículo 135 del Estatuto Administrativo no configura por sí solo ilegalidad o arbitrariedad, especialmente tratándose de un denunciante.

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El máximo tribunal declaró inadmisible la casación en la forma y rechazó la casación en el fondo interpuestas contra la sentencia del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia que confirmó una sanción de la Superintendencia del Medio Ambiente por fraccionamiento de proyecto para eludir el SEIA.

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El tribunal concluyó que la investigación administrativa de la Dirección General de Aguas descartó infracciones relativas a extracción no autorizada de aguas. Con ello, estimó que no existían actos ilegales o arbitrarios que justificaran la acción cautelar.

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El máximo tribunal concluyó que la infracción del artículo 3° inciso segundo letra d) del DL N°211 solo puede ser cometida por personas naturales y exige competencia directa entre empresas.

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El Tribunal Constitucional resolvió que la prohibición absoluta de recurrir contra la resolución que rechaza objeciones a liquidaciones de pensiones alimenticias puede vulnerar el debido proceso y la igualdad ante la ley. El pasado 05 de marzo el Tribunal Constitucional (TC) en causa rol N°16.583-2025-INA,…

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La sanción de destitución por uso indebido de licencia médica constituye una respuesta legítima frente a una infracción grave al principio de probidad administrativa.

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El máximo tribunal sostuvo que la acción cautelar del artículo 20 de la Constitución no constituye una instancia para revisar el mérito de investigaciones administrativas ni para declarar prestaciones de salud derivadas de ellas.

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El máximo tribunal acogió un recurso de protección y dejó sin efecto un oficio de la Contraloría General de la República que se había negado a emitir pronunciamiento sobre la renovación de una contrata municipal, afirmando que el órgano contralor no puede abstenerse de ejercer las competencias que la Constitución y la ley le confieren.

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El máximo tribunal concluyó que la Subsecretaría de Telecomunicaciones excedió sus competencias al intentar someter la cobranza extrajudicial telefónica al régimen de numeración de servicios complementarios.

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