Enel no logró justificar el aumento significativo en el cobro del servicio eléctrico entre diciembre de 2017 y abril de 2018, ni explicar cómo determinó el monto facturado.

No es posible atribuir razonablemente las expresiones reprochadas al recurrido sin perjuicio de lo que se resuelva en la investigación criminal.

Una resolución absolutoria no anula ni limita la potestad administrativa de sancionar, cuando se ajuste a los principios de legalidad, debido proceso y proporcionalidad.

Su decisión careció de proporcionalidad y razonabilidad.

Se revoca resolución de Juzgado de Garantía y acogen amparo por dilación en proceso penal.

No existió falta al debido proceso si se efectuó descargos, controvirtió las imputaciones, rindió pruebas y dedujo remedios procesales.

No existe acto ilegal o arbitrario que pudiese atribuirse al Servicio recurrido.

En el caso que se considere ser víctima del delito de injurias o calumnias, se debe proceder por la vía procesal correspondiente.