Debido a la crisis financiera generada por una mala administración se ha procedido a suprimir las áreas de trabajo de los recurrentes.

Existe una excesiva demora en la actualidad para ingresar a imputados sujetos a la medida cautelar de internación provisional a establecimientos psiquiátricos.

En el concreto la demandada acreditó que tuvo una relación de convivencia con el demandante, sirviendo la propiedad de residencia para la demandada y los hijos comunes.

Lo declarado por la Compin es vinculante para el servicio público, entender la norma en un sentido diverso permitiría que la autoridad administrativa no especializada resolviera en contrario.

No se vislumbró un derecho indubitado en relación a los recurrentes que sea posible de resguardar por medio de la acción de protección.

En el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.

No se aprecian las irregularidades o vulneraciones denunciadas, por lo que no existe mérito suficiente para modificar lo resuelto por la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación.

La obligatoriedad del informe previo de la Compin fue que un organismo técnico determinara si la salud resulta o no recuperable, lo cual resulta vinculante para el servicio.