El proyecto de ley dispone un plazo máximo de 4 años para que las concesionarias y empresas de servicios soterren el 100% de los cables en áreas urbanas de alta densidad poblacional.

Además, se establece como inhabilidad para optar a cualquier cargo de representación popular a quién se encuentre con una inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Alimentos.

Estado promoverá una cultura de vida saludable y, en consecuencia, establecerá como prioridad la promoción del cumplimiento cabal de los derechos de los trabajadores, teniendo presente los efectos de una vida y una alimentación saludable en la salud pública.

Además, se contempla la necesidad de establecer sanciones claras y mecanismos de denuncia efectivos para asegurar el cumplimiento de la norma y protección efectiva de los estudiantes.

Además, busca crear un plan común de salud con tarifa plana, prohibiéndoles a las ISAPRES ofrecer planes alternativos a este.

Se busca incorporar a su actual articulado una serie de adecuaciones, con el objetivo de mejorar su eficiencia y eficacia.

Se aumenta la pena asignada al delito de facilitación de uso de hilo curado, pasando de la multa dispuesta de 2 a 50 UTM, a una multa de 10 a 100 UTM.

Se crea el Consejo del Poder Judicial y eliminar los ministros de la Corte Suprema ajenos a la carrera judicial.