Pese a que, hace algunos días, consejeros de distintos partidos políticos lograron alcanzar acuerdos para incorporar en la propuesta de Carta Fundamental el deber del Estado en la protección del ecosistema, se rechazaron enmiendas -presentadas por el oficialismo- que buscaban reconocer el cambio climático y mitigar sus efectos. Situación que ha generado opiniones cruzadas entre consejeros y comisionados.
El proceso constitucional de Chile ha alcanzado un hito significativo al abordar de manera integral y proactiva los temas medioambientales que son de suma importancia para el país, sobre todo tomando en cuenta la crisis derivada del cambio climático, que está afectando al mundo de diversas maneras.
Altas temperaturas, deshielo de glaciares, aumento del nivel del mar, incendios forestales y precipitaciones exageradas son solo algunas de las problemáticas que amenazan con impactar la agricultura y afectar la biodiversidad, debido a este fenómeno que implica cambios significativos y sostenidos en las condiciones climáticas regionales y globales.
En ese sentido, el Consejo Constitucional se ha destacado por su compromiso en la consideración de temas medioambientales. Como una entidad clave en la elaboración de la nueva Carta Fundamental, tanto consejeros, como comisionados, han demostrado estar en pro de la protección del medioambiente y la promoción de políticas sostenibles.
Como resultado, se han tomado una serie de medidas significativas para abordar y garantizar la inclusión de consideraciones medioambientales en la nueva Constitución, reflejando el deseo de la sociedad chilena.
A lo largo de las discusiones y debates sobre la materia, que han tenido lugar en la Comisión Experta del Consejo Constitucional, destaca la participación de especialistas en medioambiente y sostenibilidad como asesores, permitiendo una revisión exhaustiva de las disposiciones relacionadas con el tema en el borrador constitucional.
Además, dentro de las propuestas del anteproyecto de los expertos, se encuentra un enfoque de “justicia ambiental”, para asegurar que todas las personas tengan acceso a un entorno saludable y que se aborde las desigualdades derivadas de esta materia.
Expertos también propusieron proteger los recursos naturales -ríos, bosques y océanos- como parte fundamental de la Constitución, para garantizar que se gestionen de manera sostenible para las generaciones futuras.
En cuanto a la transición hacia energías limpias, se han considerado disposiciones para facilitar la transición renovable hacia este camino, promoviendo la sostenibilidad energética.
La semana pasada comenzó la votación de enmiendas en el Consejo Constitucional y algunas de ellas tenían que ver con medidas ambientales.
La Comisión de Derechos Sociales aprobó -por unanimidad- cuatro enmiendas de unidad de propósito en materia de medioambiente. Sin embargo, el sufragio se logró tras un acuerdo previo entre consejeros de la oposición y del oficialismo.
Pese a que las indicaciones fueron firmadas solo por representantes de Chile Vamos y del Partido Republicano, Unidad para Chile decidió votar a favor de ellas tras lograr un acuerdo con la derecha en esta materia.
Es así como se aprobó un acuerdo transversal para incorporar en el texto constitucional temas como el deber del Estado y de las personas en la protección del medioambiente, así como reconocer como derecho la participación ciudadana en materias ambientales.
Sin embargo, gran controversia generó el rechazo de un artículo del anteproyecto referido a la obligación del Estado de reconocer el cambio climático e implementar medidas de mitigación y adaptación ante sus efectos.
Situación que ha generado opiniones cruzadas entre expertos y los mismos consejeros.
Debido al rechazo de este artículo, el Estado no tendrá el deber de promover la cooperación internacional para la consecución de los objetivos referidos a la atenuación de las consecuencias del cambio climático.
No obstante, aún quedan diversas enmiendas en materia medioambiental que no han sido votadas.
En cuanto a lo referido a los derechos del agua, el abogado y experto en derecho de recursos naturales, Pablo Jaeger, afirmó que el texto propuesto por los comisionados es adecuado y conveniente para el país.
“En particular, es apropiado que se establezca que las aguas son parte del dominio público, como también que la constitución asegure el derecho al agua y al saneamiento, siendo un deber del Estado garantizarlo. Además, de que prevalezca su uso para el consumo humano y para el uso doméstico suficiente”, señaló el experto.
En ese sentido, el texto propuesto por la Comisión Experta no se refiere específicamente a la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas. No obstante, consagra “el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”, y los derechos de aprovechamiento son bienes incorporales (derechos reales), por lo que también estarían protegidos.
En el Consejo Constitucional se han presentado indicaciones para consagrar expresamente la propiedad sobre los derechos de los particulares en las aguas, tal como lo hace la Carta Fundamental vigente. Esta indicación no ha sido votada aún.