El inmueble que utiliza el INDH para su funcionamiento fue tomado por la ACES desde julio de 2021.
Con fecha 18 de febrero de 2022, la Contraloría General de la República emitió un dictamen en el que obliga al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a adoptar las medidas que le corresponden en derecho para reestablecer su funcionamiento como servicio público en el inmueble que arrienda.
Cabe recordar que el edificio del Instituto, ubicado en Eliodoro Yáñez, en la comuna de Providencia, Región Metropolitana, fue tomado el 8 de julio de 2021 por un grupo de estudiantes pertenecientes a la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES).
El dictamen de la Contraloría llega tras un oficio enviado por intermedio del Prosecretario de la Cámara de Diputados y Diputadas, por los diputados Juan Antonio Coloma, Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez, solicitando un pronunciamiento sobre la ocupación ilegal de la sede del INDH.
En el documento, la CGR señala que “resulta evidente que la ocupación del instituto por un grupo de interés merma el desarrollo de las labores de promoción y protección de los derechos humanos que corresponden a ese servicio, generando por tanto una afectación a los integrantes de la comunidad nacional, particularmente a aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y que más requieren la intervención de este órgano público”.
Por lo anterior, la Contraloría indica que el INDH debe adoptar de inmediato las medidas que en derecho correspondan para reestablecer la utilización del referido inmueble y asegurar que este sea empleado para el fin público para que se contrató, para lo que tendrá un plazo de 30 días a contar de la recepción de este pronunciamiento.