Corresponde a la autoridad con potestad disciplinaria determinar si la conducta descrita constituye una infracción a las obligaciones funcionarias.
El 18 de febrero, la Contraloría General de la República emitió el Dictamen N° E27402N25, en el cual señala que corresponde a la autoridad con potestad disciplinaria determinar si la conducta descrita constituye una infracción a las obligaciones funcionarias.
Este pronunciamiento surge a raíz de una consulta realizada por Gendarmería de Chile, que solicitó aclarar si la venta de contenido en plataformas para adultos podría constituir un incumplimiento de las obligaciones funcionarias, en particular, la exigencia de mantener una vida social acorde con la dignidad del cargo. La inquietud radica en la posible afectación de la imagen institucional y la figura de autoridad de quien realice dicha actividad o de sus pares.
Al respecto, el órgano contralor recordó que el artículo 61, letra i), de la Ley N° 18.834 establece como deber de los funcionarios públicos observar una vida social coherente con la dignidad del cargo. Asimismo, reiteró que, según su jurisprudencia, la calidad de servidor público no solo exige el correcto desempeño de las funciones propias del cargo, sino que también puede extenderse al ámbito privado, cuando la conducta del funcionario pueda desprestigiar al servicio o vulnerar la lealtad hacia sus superiores, compañeros o la comunidad. En algunos casos, ello podría incluso constituir una infracción grave a la probidad administrativa.
Por lo tanto, la Contraloría concluyó que la evaluación de estos casos debe realizarse de manera particular, considerando las circunstancias específicas de cada situación, el cargo que ocupa el funcionario y el organismo en el que se desempeña. Corresponde a la autoridad disciplinaria determinar si procede la apertura de una investigación sumaria o un sumario administrativo y, de acreditarse responsabilidad administrativa, aplicar las sanciones que resulten del proceso disciplinario.