El acto dictado carece de todo fundamento fáctico.
El 1 de septiembre, la Corte Suprema en causa rol N° 30.316-2025 confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que acogió la acción de protección presentada por la comunidad indígena Grupos Familiares Nómades del Mar. La decisión ordena al Gobierno Regional de Magallanes dictar un nuevo acto administrativo debidamente fundado, dejando sin efecto la Resolución Exenta N° 238 de 2025.
La acción de protección fue interpuesta en contra del Gobierno Regional por haber rechazado, de manera arbitraria, la solicitud de concesión gratuita destinada a la construcción de una casa ceremonial del pueblo Kawésqar. La comunidad denunció que la resolución carecía de fundamentos válidos, resultaba arbitraria e ilegal, y evidenciaba un trato discriminatorio hacia ellos.
La Corte de Apelaciones acogió el recurso en los términos señalados, destacando que la recurrente corresponde a una comunidad indígena amparada por tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales imponen al Estado el deber de otorgar especial protección a estas comunidades y reconocer la relevancia cultural y espiritual de su vínculo con las tierras y territorios.
Asimismo, el tribunal concluyó que la resolución impugnada carecía de motivación suficiente, limitándose a transcribir normas sobre competencia del órgano, sin pronunciarse de fondo respecto de los hechos ni de los fundamentos jurídicos que justificaran el rechazo. Tal omisión no constituye una mera formalidad, sino que afecta la validez del acto administrativo al impedir el debido control judicial de su legalidad. En efecto, la Resolución Exenta N° 238 de 2025 no consigna hechos ni circunstancias que expliquen o sustenten la decisión adoptada.
Apelada dicha decisión, la Corte Suprema la confirmó.