Es deber de la administración penitenciaria de garantizar condiciones adecuadas para la atención de la salud de los reclusos.
El 11 de marzo, la Corte Suprema, en la causa rol N° 45.413-2024, confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió la acción de protección interpuesta en favor de dos personas privadas de libertad. En su fallo, la Corte ordenó a Gendarmería de Chile adoptar, en un breve plazo, las medidas necesarias para que los recurrentes sean evaluados por personal de salud competente en las áreas de psicología y psiquiatría, y que, en consecuencia, reciban el tratamiento prescrito.
La acción de protección fue presentada en contra del Consejo de Defensa del Estado, atribuyendo a Gendarmería omisiones en la provisión de un tratamiento psicológico adecuado, lo que afectaría la dignidad y la integridad psíquica de los internos.
La Corte de Apelaciones de Santiago fundamentó su decisión en el deber de la administración penitenciaria de garantizar condiciones adecuadas para la atención de la salud de los reclusos. Esto incluye la provisión de instalaciones equipadas para consultas y tratamientos médicos, personal suficiente y capacitado, y la atención de urgencias dentro del recinto o el traslado oportuno a centros especializados.
En este caso, se acreditó que la autoridad penitenciaria no adoptó las medidas necesarias para responder a los requerimientos de salud mental de los recurrentes, configurándose así una omisión ilegal y arbitraria.
Ante la apelación de esta decisión, la Corte Suprema ratificó el fallo, enfatizando que Gendarmería no solo tiene la función de custodia y vigilancia de las personas privadas de libertad, sino también la obligación de atender su salud, tanto física como mental. En este sentido, la omisión en la provisión de tratamiento adecuado podría vulnerar tratados internacionales ratificados por Chile y actualmente vigentes.