Se incumplió por parte de la Administración dicha obligación de protección y respeto del derecho a un procedimiento racional y justo.
El 05 de febrero la Corte Suprema en causa rol N° 2.251-2025 revocó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, la que rechazó el recurso de amparo interpuesto en favor de un ciudadano venezolano, y en su lugar, lo acoge, dejando sin efecto al acto administrativo impugnado, así como la orden de abandono, debiendo la repartición pública recurrida otorgar un nuevo plazo de 60 días a la parte actora para que presente los documentos faltantes y luego, emita pronunciamiento acerca de su solicitud.
El recurso de amparo interpuesto impugna la Resolución Exenta N° 24583612, de 18 de diciembre de 2024, que rechazó su solicitud de residencia definitiva y dispuso el abandono del país.
La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso de amparo interpuesto en contra del Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile.
Apelada dicha decisión, la Corte Suprema consideró que se incumplió por parte de la Administración dicha obligación de protección y respeto del derecho a un procedimiento racional y justo, así como de promoción de la obtención de las autorizaciones y permisos de residencia o permanencia, al rechazar la solicitud de residencia definitiva del amparado y ordenar su abandono del país por omitir presentar los documentos requeridos, sin adoptar antes las medidas conducentes y razonables para permitir subsanar dicha omisión.
Indico que no puede dejar de observarse la existencia de arraigo familiar y laboral en este país, lo que lleva a concluir que los fundamentos esgrimidos por la autoridad carecen de razonabilidad y proporcionalidad frente a las circunstancias ya anotadas y, sopesando la afectación que ello genera en el derecho a la libertad personal del amparado, garantizado por la Constitución Política de la República.