El máximo tribunal confirmó el rechazo de un recurso de protección interpuesto contra el SERVIU de Arica y Parinacota, descartando ilegalidad en la negativa a eximir la obligación de habitar una vivienda subsidiada cuando la exclusión del beneficio ya estaba firme.
El 18 de diciembre de 2025, la Corte Suprema confirmó íntegramente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Arica que rechazó un recurso de protección deducido contra el Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU). La acción buscaba dejar sin efecto una resolución que negó la exención de la obligación de habitar una vivienda entregada con subsidio, pese a que el beneficiario ya había sido excluido del programa por infracción al reglamento (Rol 46.559-2025 y Rol 395-2025 Protección).
El núcleo jurídico del caso estuvo en determinar si era ilegal o arbitrario que el SERVIU rechazara, en agosto de 2025, una solicitud de exención de la obligación de habitar fundada en razones laborales y familiares. La Corte de Apelaciones sostuvo, que dicha solicitud fue presentada cuando la exclusión del subsidio ya se encontraba firme y ejecutoriada, por lo que el recurrente había perdido previamente su calidad de beneficiario.
En ese contexto, no resultaba jurídicamente posible eximir una obligación que ya no estaba vigente. Además, el tribunal precisó que la Ley N° 17.635, invocada por el recurrente, regula supuestos posteriores a la inscripción del inmueble a nombre del beneficiario, lo que no ocurría en este caso, siendo plenamente aplicable el régimen del D.S. N° 49.
La Corte Suprema, confirmó confirmar el fallo sin agregar consideraciones.