La iniciativa establece que el servicio público será descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.
EL 05 de enero ingresó a la Cámara de Diputados, el Mensaje Presidencial, boletín N° 13991-07, que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos.
El proyecto contempla la creación de un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, entendiendo a este como un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El servicio tendrá como objeto, garantizar el acceso a la justicia, otorgando asesoría jurídica a las personas que así lo requieran, además de otorgarles apoyo psicológico y social en los casos que corresponda.
En Servicio estará dirigido a todas las personas que requieran información, orientación en derechos para resolver una necesidad jurídica; y defensa y representación jurídicas a quienes no puedan procurárselas por si mismos o se encuentren en situación de vulnerabilidad.
En cuanto a su organización, el proyecto de ley señala que la administración y dirección superior del servicio corresponderá al Director Nacional, quien será el jefe superior del mismo, quien además deberá elaborar e implementar los nuevos ejes programáticos respecto de las cuales se presentaran los servicios de asesoría, defensa jurídica y representación judicial, previa coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos humanos y los organismos públicos con competencia en la materia.
Asimismo, el boletín consigna que las personas que se desempeñen en el Servicio serán seleccionados mediante concurso público y que se regirán por el Código de Trabajo y las leyes y reglamentos que lo complementan. Mientras que, respecto de sus remuneraciones, estas se fijarán y modificarán conforme a lo establecido en el artículo 9° del decreto ley N° 1.953.
Como principios orientadores el servicio deberá pretender facilitar el ejercicio del derecho al acceso a la justicia, igualdad e inclusión, priorización y especial atención a personas y grupos vulnerables, promoción de mecanismos de solución colaborativa de conflictos y justicia restaurativa y la gratuidad.
Finalmente, el proyecto se refiere al patrimonio del nuevo servicio y su calidad de continuador legal de las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial, por lo que procede a derogar una serie de leyes relativas a las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial y a otros cuerpos normativos atingentes al tema.