23-05-2024
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Desafíos en la protección de testigos

Consternación ha generado la noticia en orden al asesinato en Concepción de una testigo que habría develado tres homicidios cometidos por bandas criminales. Lo anterior ha generado la natural pregunta de cuáles son las falencias del sistema y de los encargados de la protección de los testigos de una manera integral. Esto es un tema grave y que nos debe preocupar y ocupar.

Por orden constitucional y legal, el Ministerio Público es el ente encargado, exclusivamente, de ejecutar la acción penal pública y también de entregar protección a las víctimas y testigos involucrados en las investigaciones penales. Con todo, ¿está preparado para ejecutarla en propiedad y con certidumbre para los involucrados en tales investigaciones? La respuesta, ante la experiencia acumulada durante estos años de “reforma”, es negativa.

El aumento de la criminalidad organizada, sumado a la gravedad de las acciones directas e indirectas de estas, ya sea para cometer sus delitos, como también para ocultar sus bienes y silenciar a los testigos y víctimas de tales sucesos delictivos, son una información que no puede desatenderse. El problema está en la ineficiencia e ineficacia en la efectiva protección de testigos y víctimas, lo que deriva naturalmente una desincentivación para participar activamente en el proceso penal, que – como sabemos – concluye realmente en el juicio oral y efectivo.

La Fiscalía se basa en la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos que opera en cada Fiscalía Regional, con operatividad y un presupuesto limitado. Pero sumado a eso, se requiere efectivamente de unidades policiales especializadas para hacer realidad la concreta y correcta protección de tales. Asimismo, se requiere de una concreta coordinación con el Registro Civil para establecer en forma rápida y efectiva las nuevas identidades de los testigos involucrados y de un acompañamiento efectivo de estos una vez concluido el procedimiento penal. Todos sabemos que la actuación en reprimenda de los testigos y víctimas de los hechos no se rige por los tiempos de la tramitación judicial o investigativa, sino que se puede mantener aun presos los involucrados en los ilícitos.

En el caso de Concepción, llama poderosamente la atención que la persona protegida fue asesinada en Ovalle, dando cuenta de las amplias redes criminales que operan en nuestro país. Pero aún más llama la consideración la desprotección material de la testigo. Para ello no sólo se requiere de una relocalización, sino de un acompañamiento permanente de tales, lo que necesita de medios económicos y humanos para hacerlos efectivos. Como estas líneas no quiere sólo concentrarse en las críticas, exploramos algunas propuestas. Una de ellas es la separación de la obligación de proteger a las víctimas y testigos de las tareas del Ministerio Público con la creación de un servicio autónomo, con patrimonio propio y con personal policial especializado y dependiente de ésta, para lograr una real guarda de estos involucrados en investigaciones.

Pero no sólo ello, también urge que la protección judicial de los testigos sea en términos tales de asegurar y cautelar, no sólo a los imputados, sino también a víctima (intervinientes igual que los citados) y a los testigos. Mediático fue el caso de Arica en que un Juez de Garantía ordenó develar los nombres de los testigos protegidos a las defensas, lo que si bien fue revocado por la Corte de Apelaciones, generó un riesgo innecesario para ellos. Es que parece que aún algunos no entienden que no estamos hablando de causas sencillas o rutinarias, sino de macro criminalidad, con presupuestos, medios humanos y estructura determinada a cumplir su objetivo, por lo que las medidas judiciales deben tener en cuenta la protección de los involucrados en los hechos delictivos como testigos y víctimas.

En resumen, estamos muy disminuidos en cuanto a la real protección de víctimas, y es un tema que nos ha encontrado en mala situación para abordarla. Llegamos tarde, otra vez. Urge de un sistema efectivo, coordinado y potente para resguardar no sólo la investigación, sino también a quienes la hacen real, como son los involucrados en tales sucesos.

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Escrito por

Abogado y Académico Universidad de Talca, Doctor en Derecho Procesal Universidad Complutense de Madrid.