Respecto de los funcionarios/as del gobierno regional se les aplica la Ley Karin.
El 24 de febrero la Contraloría General de la República emitió el Dictamen N° E30548N25, el cual versa sobre la aplicación de la Ley Karin a los gobiernos regionales.
El pronunciamiento se da debido a que la Subsecretaría de Previsión Social, con ocasión de una presentación de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de los Gobiernos Regionales solicitó un pronunciamiento sobre si la ley N° 21.643 -también denominada Ley Karin- sería aplicable a los Gobiernos Regionales (GORE).
Al respecto la Contraloría de acuerdo con la normativa y jurisprudencia vigencia, concluyó que los funcionarios/as del gobierno regional, en tanto se rigen por la mencionada ley N° 18.834, les son plenamente aplicables los preceptos relativos a la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo que la ley N° 21.643 introdujo a dicho Estatuto Administrativo y a la ley N° 18.575.
Ahora respecto de los gobernadores/as regionales y a los/las consejeros/as regionales, indicó que les resultan aplicables las disposiciones de la Ley Karin, en la medida que, ante las conductas de acoso sexual, laboral o de violencia en el trabajo que sufran las funcionarias y los funcionarios por parte de las mencionadas autoridades, corresponderá que los/las consejeros/as regionales ponderen requerir al Tribunal Calificador de Elecciones, por los quorum que en cada caso correspondan, la remoción del gobernador/a o consejero/a regional por vulneración al principio de probidad administrativa -según lo previsto en el aludido N° 10 del artículo 62 de la ley N° 18.575-, pues a su respecto no resultan aplicables los procedimientos para determinar la responsabilidad administrativa a los que alude la normativa en estudio, por no preverse en la legislación vigente ningún mecanismo para tal fin.