El ascenso global de la extrema derecha ha catapultado al centro del debate la figura de la «democracia militante»: aquella que, en defensa de su propia existencia, contempla la posibilidad de restringir derechos a quienes buscan socavarla. Mientras el caso de Alternativa para Alemania (AfD) ofrece un laboratorio contemporáneo de estas tensiones en Europa, su eco resuena en América Latina. Especialmente en Chile, un país con un legado de límites ideológicos al pluralismo democrático heredados de la dictadura militar, la discusión sobre herramientas de defensa democrática se enfrenta a una historia compleja y a sensibilidades agudizadas.
El Desafío de Alternativa para Alemania (AfD)
Alemania, nación que lleva dentro de su conciencia histórica un recuerdo inquietante del colapso de la República de Weimar, ha observado cada vez más con una sensación de creciente alarma y preocupación la consolidación y creciente influencia del partido político conocido como Alternativa para Alemania (AfD). AfD se caracteriza por una retórica claramente nacionalista y antiinmigrantes que resuena con ciertos segmentos de la población, especialmente en el este del país, ha impulsado, a su vez, a las diversas instituciones dentro de ese país a movilizarse activamente y reforzar su marco conceptual de lo que se conoce como “democracia capaz de defenderse”. Así, el 2 de mayo pasado, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), que se encarga de salvaguardar el orden democrático en Alemania, ha clasificado oficialmente a la AfD como un “caso sospechoso” de extremismo de derecha, al tiempo que categoriza a algunas de sus facciones más radicales como “casos seguros de extremismo”, facilitando así una base legal para medidas de vigilancia más intensivas y exhaustivas.
La Ley Fundamental de Alemania, en su Artículo 21, permite la prohibición de partidos que actúen en contra de la Constitución por parte del Tribunal Constitucional, la que incluye entre sus medidas la exclusión de financiamiento estatal para quienes atenten contra el orden democrático. En 2024, esta regulación se aplicó al partido “Die Heimat”. Recientes revelaciones sobre planes de expulsión de migrantes de AfD junto con extremistas neonazis han intensificado el debate sobre la posibilidad de prohibir este partido. No obstante, prevalece la cautela debido a los altos estándares probatorios necesarios y el temor de que tal acción pueda verse como victimización, lo que podría fortalecer el apoyo a la AfD. De esta manera, se propone un delicado equilibrio entre la defensa del orden democrático y los derechos políticos de los partidos en Alemania.
El concepto de democracia militante se origina en la obra del teórico político Carl Lowenstein, Democracia Militante y Derechos Fundamentales, de 1937. En este y otros escritos, Lowenstein argumentó que las democracias deben tomar medidas activas para defenderse de las fuerzas antidemocráticas. Creía que, para preservar los valores e instituciones democráticas, los estados podrían necesitar limitar ciertos derechos y libertades de quienes buscan socavar la democracia. Esta idea enfatiza la necesidad de que las democracias sean proactivas en la salvaguarda de sus principios mientras navegan por el delicado equilibrio de mantener la integridad democrática. La respuesta alemana se inclina hacia una vigilancia activa, amparada en su historia y su marco constitucional, pero no exenta de un profundo debate sobre sus límites y riesgos.
Democracia Militante: Una Discusión Necesaria pero Compleja para Chile
El concepto de democracia militante, forjado en gran medida como respuesta al fascismo europeo, no se traslada de forma automática a América Latina. La región, si bien experimenta el avance de nuevas derechas radicalizadas y discursos extremistas, posee traumas históricos específicos y marcos constitucionales que modulan la pertinencia y aplicabilidad de estas herramientas. En América Latina, los ejemplos concretos de aplicación de medidas de democracia militante son menos prominentes o se encuentran más en el plano del debate teórico o de consideraciones generales.
El debate sobre el pluralismo político en Chile es particularmente relevante por su legado histórico. El texto original de la Constitución de 1980, en su artículo 8, prohibía “todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases”, lo que demuestra cómo las restricciones al pluralismo ideológico dirigidas a la proscripción de los partidos marxistas estaban profundamente arraigadas dicho texto constitucional. A pesar de las reformas, el legado de estas disposiciones ha dejado huella en la cultura política y jurídica del país.
La Constitución vigente, en su artículo 19 número 15, establece que “la Constitución Política garantiza el pluralismo político” y declara inconstitucionales a aquellos partidos o movimientos que no respeten los principios básicos del régimen democrático, incluidas las organizaciones que promuevan un sistema totalitario o inciten a la violencia. Esto refleja un intento de salvaguardar la democracia frente a sus enemigos, pero que, sin embargo, resulta difícil de desligar del proyecto de democracia limitada y de la experiencia de una parte del público que siente que se han utilizado mecanismos legales para limitar opciones políticas legítimas. Ello alimenta un escepticismo comprensible hacia cualquier nuevo discurso que busque restringir la participación política, aunque su objetivo sea, ahora, la verdadera defensa de la democracia liberal. De esta manera, la tensión entre la garantía del pluralismo político y las experiencias pasadas de represión se convierte en un tema central en el debate actual sobre la participación política en Chile.
Este escepticismo se alinea con las advertencias del propio análisis sobre los riesgos de la democracia militante: el peligro de que las medidas puedan ellas mismas erosionar los valores y principios democráticos que pretenden salvaguardar o que sean instrumentalizados por gobiernos con tendencias iliberales contra la oposición legítima. En un contexto como el chileno, donde la memoria de la proscripción política está fresca, la paradoja de la autodefensa democrática se amplifica. La discusión sobre la constitucionalidad del discurso de odio y sus límites o la responsabilidad de las plataformas digitales también se enmarca en esta búsqueda de equilibrios. ¿Cómo asegurar que las herramientas de defensa no se conviertan en mecanismos de exclusión indebida, replicando lógicas del pasado?
La clave, entonces, no reside únicamente en la capacidad de ser militante contra amenazas, sino en la revitalización de la democracia desde sus cimientos, abordando las causas profundas del descontento y fortaleciendo la educación cívica y la resiliencia social.
