En el marco del XIII Congreso Internacional titulado “El Derecho Administrativo como Herramienta para la Modernización del Estado”, realizado los días 13 y 15 de noviembre y organizado por la Universidad Central de Chile, la Asociación Internacional de Derecho Administrativo y el Instituto Chileno de Derecho Administrativo (ICHDA), la doctora en Derecho y directora académica de la Universidad de Andina Simón Bolívar de Ecuador, Eddy de la Guerra, se refirió a la mesa técnica en la que participó, la cual abordó sostenibilidad, participación y derechos humanos.
En ese sentido, la abogada destacó varios puntos clave sobre los desafíos y las soluciones que los sistemas tributarios en América Latina deben abordar, especialmente en contextos de guerra y lucha contra el narcoterrorismo.
En tu exposición mencionaste el sistema tributario como una herramienta clave para financiar el gasto público en situaciones de guerra, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan los países latinoamericanos al intentar usar sus sistemas tributarios para financiar la seguridad y enfrentar este tipo de conflictos?
El principal reto que tienen los sistemas tributarios que luchan en contra del narcoterrorismo es establecer tributos que sean justos, que no vulneren la capacidad contributiva, que no generen doble imposición interna y que no tengan alcance confiscatorio.
Lastimosamente, ante situaciones desesperadas las medidas son desesperadas. En ese sentido, las medidas tributarias que se han implementado no responden a estos criterios de justicia y equidad.
También es un reto el poder garantizar que las contribuciones no se confundan con los demás ingresos tributarios y puedan, efectivamente, destinarse a los fines para los cuales fueron creados.
En América Latina varios países enfrentan una difícil dicotomía entre priorizar la seguridad y el bienestar social. ¿Cómo pueden los gobiernos latinoamericanos asegurar que la implementación de políticas fiscales para financiar la lucha contra el narcoterrorismo no afecte negativamente a los sectores más vulnerables de la sociedad?
No se debe olvidar que la política fiscal no es algo que pueda cambiarse conforme el criterio de los gobernantes. La política fiscal se determina en las constituciones de cada país, determinando los objetivos principales de la misma. La legislación y la política pública dan cuenta de estrategias y planes que permiten alcanzar los objetivos previstos en la política fiscal nacional.
Por lo tanto, es indispensable que la política fiscal general ya de cuenta del cumplimiento de fines tanto fiscales de recaudación como fines extra fiscales dentro de los cuales se puede incluir atender necesidades emergentes, por ejemplo, la financiación de gasto destinado a luchar contra el narcoterrorismo y, al propio tiempo, garantizar la justicia en el sistema tributario mediante un sistema de ahorro, previsión y planificación que permita atender situaciones emergentes en momentos emergentes, sin tener que cambiar la política fiscal general prevista en la Constitución.
A los pueblos, a las comunidades, a los grupos de atención prioritaria, se les debe garantizar atención de sus necesidades con un gasto público estable y que permita atender sus objetivos.
En ningún caso los fondos públicos pueden concentrarse en un solo tipo de gasto, así sea uno tan importante como la lucha contra el narcoterrorismo, se debe precautelar asignación presupuestaria para la atención de los derechos fundamentales y de las necesidades básicas de la comunidad.
En muchos países de la región la evasión fiscal es un problema significativo y los recursos destinados a la seguridad a menudo provienen de un sistema tributario que es percibido como injusto o ineficaz. ¿Qué reformas fiscales recomendarías para mejorar la recaudación sin que estas reformas intensifiquen las desigualdades sociales o alimenten la desconfianza hacia el Estado?
Una reforma tributaria que debe implementarse, al menos del punto de vista teórico, es contraria a las acciones que se han venido tomando.
La recomendación sería disminuir la carga en el impuesto a la renta, garantizando liquidez de los consumidores para garantizar que exista consumo y estímulo de la economía local, de tal forma que la recaudación por tributos sea generosa a través de los impuestos a los consumos. Esto permite potenciar la economía nacional y a los productores nacionales, generando estabilidad económica e impulsando una recaudación de tributos por la vía de los indirectos en lugar de los directos.
Sin embargo, las reformas tributarias recientes se han orientado en aumentar los impuestos indirectos especialmente el IVA y, al mismo tiempo, establecer contribuciones vinculadas a la renta generando sobrecarga en un objeto imponible.
En tu charla, mencionaste la sostenibilidad como un factor clave en la financiación del gasto público, incluso en tiempos de guerra. ¿Cómo pueden los gobiernos latinoamericanos asegurarse de que la sostenibilidad fiscal no solo se refiera a la estabilidad de las finanzas públicas, sino también a la sostenibilidad social?
La sostenibilidad tiene tres ejes fundamentales. El primero es social, el segundo es financiero y el tercero es ambiental. En ningún caso se puede afirmar que la sostenibilidad económica es suficiente o la más importante. De hecho, si el único objetivo es la sostenibilidad económica y las acciones se orientan exclusivamente a estabilidad y equilibrio presupuestario, difícilmente se alcanzarán objetivos de naturaleza social o ambiental.
Los sistemas tributarios tienen la capacidad de atender tanto a fines fiscales como extrafiscales, por lo tanto, las metas en ámbito social y ambiental son concomitantes al diseño y a la metodología del sistema tributario. Si dentro del mismo no se prevén, no se alcanzará, sin embargo, si estas forman parte de la planificación y de la metodología, será posible cumplir todas las metas.
En varios países latinoamericanos, la militarización de ciertas zonas es vista como una estrategia para combatir el narcoterrorismo. ¿Consideras que el uso de fondos públicos para financiar la militarización y la lucha contra el crimen organizado puede llevar a una mayor violación de los derechos humanos? ¿Cómo debería un sistema tributario manejar estas situaciones para garantizar el respeto de los derechos civiles?
Una vez que se obtiene ingresos públicos suficientes que derivan no sólo de la recaudación tributaria sino también de otros ingresos públicos, entonces es necesario gastarlos de manera eficiente. La eficiencia es tanto técnica como material. En lo material es importante señalar que el costo de los derechos debe ser financiado con ingresos públicos. Los derechos no se garantizan sin asignación presupuestaria, por lo tanto, el presupuesto de cada estado debe reservar un rubro importante para la atención de las necesidades sociales.
Por otro lado, el sistema tributario puede establecer incentivos para que el sector privado desarrolle su actividad productiva y comercial cumpliendo con estándares ambientales. La aplicación del principio “quien contamina, paga”, es contraria a la tributación justa en la medida de la capacidad contributiva. Por lo tanto, los tributos ambientales -que se configuran casi como un mecanismo de sanción- son ineficientes.
Se necesita trabajar en incentivos para el cambio en los procesos productivos y las cadenas de distribución de tal forma que los incentivos permitan complementar objetivos sociales y ambientales.
La pobreza, la exclusión social y el narcotráfico son problemas interrelacionados en muchas partes de América Latina. ¿Qué medidas deberían tomar los gobiernos para asegurar que la recaudación de impuestos y el gasto público en seguridad no se conviertan en un mecanismo de control social, sino en una verdadera herramienta para el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa?
Los gobiernos deben ser responsables de garantizar una asignación presupuestaria suficiente para la garantía de los derechos. La lucha contra el narcoterrorismo garantiza un grupo de derechos muy específicos relacionados con la salud, la seguridad y la protección. Sin embargo, es necesario garantizar el balance y el equilibrio mediante una asignación equitativa. El reparto del gasto público debe ser técnico, estratégico e inteligente.
La recaudación tributaria solamente se convertirá en una herramienta de desarrollo cuando el ciudadano sienta atendidas sus necesidades y cuando reciba servicios de calidad.
En medio de situaciones de crisis, los gobiernos deben trabajar a través de estrategias de gobierno e inteligencia de datos para poder realizar ejercicios predictivos y proyectivos de sus ingresos y gastos públicos. Mientras la información sea más precisa y de calidad, los gobiernos podrán tomar decisiones estratégicas para la asignación presupuestaria.
Es indispensable que dejen de utilizarse estrategias de creación de nuevos tributos de naturaleza emergente y se pasen a estrategias permanentes de desarrollo con tributos justos equitativos que permitan impulsar tanto el cumplimiento de objetivos en situaciones emergentes como los objetivos ordinarios de desarrollo.