El año 2026 parece ya tener varios meses. Son muchas las noticias y acontecimientos que, recién en enero, ya quedaron en la historia de este año. En una mirada local, los incendios que devastaron a las regiones de Biobío y Ñuble ha sido una catástrofe que no solo consumió hectáreas de bosque y viviendas: está devorando además y de manera silenciosa, la tranquilidad y paz que debería acompañar el verano en Chile.
Cuando tanto se pierde bajo el fuego, el impacto es mucho mayor para niños, niñas y adolescentes, especialmente la que tiene mayores circunstancias de vulnerabilidad. Las pérdidas no son solo materiales: es un impacto multidimensional. Desde la pérdida del entorno inmediato que en algunos casos puede incluir no solo las casas, sino también sus escuelas y espacios de juego, que funcionan como redes de apoyo fundamentales; hasta la exposición a una mayor precariedad del sistema de salud que tal vez no pueda garantizar el acceso a atención psicológica especializada para abordar el estrés postraumático, la ansiedad o la necesidad de vivir un verano jugando. No es solo de la pérdida de un bien material, sino del quiebre de los espacios de protección, que definen su sentido de seguridad en el mundo.
Mientras los esfuerzos públicos se concentran en el combate del fuego y la reconstrucción de infraestructura física, una interrogante ineludible se refiere a cómo garantiza el estado el derecho a la recuperación de los niños y niñas que hoy ven parte de su mundo reducido a cenizas.
En ese escenario, la respuesta estatal debería anclarse en la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2032 para ser coherente con sus propósitos y lineamientos, ya que se presentó como una “hoja de ruta” para asegurar en relación a los derechos de la niñez y adolescencia un enfoque centrado en el bienestar integral. Por ello, toda acción pública, especialmente en contextos de desastre, debe apuntar a ese bienestar, particularmente con acciones claras para quienes enfrentan la interseccionalidad de la pobreza y la ruralidad. Tal Política establece como ejes estratégicos el desarrollo, la supervivencia, la protección y la participación. Todos hoy se ven severamente amenazado en los territorios incendiados.
Para la niñez más pobre, el cumplimiento de esta política se traduce en dimensiones críticas que suponen el trabajo conjunto de muchos sectores del estado. Protección frente a la exclusión social como consecuencia del efecto multiplicador de desigualdades que tienen los incendios. Entornos seguros y sostenibles para mitigar el impacto de los cambios y generar espacios que prevengan activamente futuros riesgos. Salud mental como prioridad y como abordaje de largo plazo, de forma integrada en la red de salud, y sin que sea sólo una intervención de emergencia.
Para que la respuesta a los incendios sea coherente con este marco nacional, el abordaje debe transitar desde solo un posible asistencialismo hacia la reparación integral, escuchando a la niñez para los planes de reconstrucción de sus barrios y escuelas. ¿Cómo imaginan ellos su nueva plaza? ¿Qué les daría seguridad al volver a clases? Su participación es, en sí misma, una acción terapéutica potente. El juego y el arte pueden ser herramientas útiles para canalizar lo que piensan y lo que esperan.
El éxito de la una real reconstrucción dependerá de la coordinación entre ministerios y el diálogo usando como marco la Política Nacional y el estándar mínimo de dignidad que llama a asegurar. Un niño cuya familia recibe un subsidio de vivienda, pero pierde su espacio escolar o su atención de salud mental, es un niño cuyos derechos siguen siendo vulnerados. Las cenizas no deben tapar la obligación legal y ética del estado: puede ser una oportunidad para implementar, de una vez por todas, un sistema de protección que llegue de forma integral y asegure el bienestar infantil como prioridad.
La sociedad, y particularmente las instituciones educativas y de investigación, tenemos la opción y el deber de levantar los temas que a veces pasan sin tener cámara ni prensa. Una alerta importante es que, pasado el peor momento, las cámaras y la prensa centradas en la playa, los viajes, el sol y el receso de febrero, no licúen las consecuencias de la devastación de enero para personas que vieron arder no sólo lo material sino sus proyectos de vida, sus hogares, sus refugios. La reconstrucción de Biobío y Ñuble será incompleta si solo se levantan paredes de madera y cemento. La verdadera reconstrucción debe por sanar el tejido emocional de todas las personas afectadas y, de forma especial, de quienes hoy son niños y niñas, devolviéndoles la certeza de que, incluso después del fuego, es posible volver a soñar con un futuro seguro.
