La justicia restaurativa ha ganado atención en los últimos años como un enfoque alternativo para abordar conflictos penales, promoviendo la reparación del daño y la reconciliación entre víctima, victimario y comunidad. En Chile, este modelo se ha implementado de manera parcial, especialmente en casos de menor gravedad o en programas piloto, con el objetivo de reducir la reincidencia y aliviar la carga del sistema penal tradicional. Sin embargo, su impacto real en la estructura penal del país sigue siendo limitado, y es fundamental reconocer estas limitaciones para no sobreestimar sus beneficios ni desviar la atención de las reformas estructurales que el sistema requiere.
Uno de los principales obstáculos de la justicia restaurativa en el contexto chileno es su alcance restringido. Aunque puede ser efectiva en delitos leves, como hurtos o lesiones menores, su aplicación en casos graves, como homicidios o delitos violentos, es mucho más compleja y, en muchos casos, inviable. La naturaleza de estos crímenes exige respuestas punitivas que garanticen seguridad pública y disuasión, aspectos que la justicia restaurativa no siempre puede satisfacer. Por ello, su implementación no logra reemplazar la necesidad de un sistema penal robusto y eficiente, sino que actúa como un complemento en situaciones específicas.
Además, la justicia restaurativa depende en gran medida de la voluntad de las partes involucradas. En Chile, donde persisten altos niveles de desconfianza hacia las instituciones y entre los propios ciudadanos, no siempre existe disposición para participar en procesos de mediación o diálogo. Víctimas de delitos pueden percibir estos mecanismos como insuficientes para sancionar a los responsables, mientras que los victimarios podrían no mostrar un compromiso genuino con la reparación. Esta falta de aceptación limita su capacidad para transformar el sistema penal de manera significativa.
Otro factor que reduce su impacto es la falta de recursos y capacitación. En el sistema chileno, los tribunales enfrentan una sobrecarga de casos, y la justicia restaurativa requiere tiempo, personal especializado y financiamiento para mediadores y programas de seguimiento. Sin una inversión sustancial, su aplicación queda relegada a iniciativas aisladas, incapaces de generar un cambio estructural. En un país con desigualdades sociales marcadas, además, el acceso a estos procesos no siempre es equitativo, lo que refuerza la percepción de un sistema penal fragmentado.
Es importante también considerar que la justicia restaurativa no aborda las causas profundas de la criminalidad en Chile, como la pobreza, la exclusión social o la falta de oportunidades. Aunque puede reparar el daño en casos individuales, no tiene la capacidad de incidir en los factores estructurales que alimentan el delito. Depender exclusivamente de este enfoque sería ignorar la necesidad de políticas públicas integrales que prevengan la delincuencia desde su origen, más allá de reaccionar a sus consecuencias.
En el terreno cultural, el énfasis histórico de Chile en un modelo punitivo dificulta la adopción masiva de la justicia restaurativa. La sociedad tiende a asociar la justicia con el castigo, y cualquier enfoque que priorice la reparación sobre la sanción puede ser visto como una forma de impunidad. Esta mentalidad, arraigada tanto en la ciudadanía como en las instituciones, limita las posibilidades de que la justicia restaurativa se consolide como una herramienta central en el sistema penal, relegándola a un rol secundario.
Por todo lo anterior, es esencial no perder de vista que la justicia restaurativa, aunque valiosa en ciertos contextos, no es una solución integral para los problemas del sistema penal chileno. Su impacto limitado debe ser reconocido para evitar que se convierta en una promesa vacía o en una excusa para postergar reformas más profundas. El sistema requiere mejoras en medios humanos y materiales, acceso a la justicia, celeridad procesal y prevención del delito, aspectos que trascienden las capacidades de este enfoque.
En conclusión, la justicia restaurativa tiene un lugar en el panorama penal de Chile, pero su efecto transformador solo podrá ser acotado. Mantener expectativas realistas sobre sus resultados permite aprovechar sus beneficios sin desatender las necesidades urgentes del sistema tradicional. Solo con un enfoque equilibrado, que combine herramientas restaurativas complementarias con una estructura punitiva sólida y reformas sociales de fondo, será posible avanzar hacia una justicia más efectiva en el país.
