Si la afirmación con que titulamos esta columna es correcta, y descartamos el poder taumatúrgico de las leyes (o sus reformas), estamos frente a un problema complejo que requiere de una o varias respuestas a la altura.
No es este el lugar ni el espacio para pretender dar un abordaje completo a esta o estas respuestas.
El problema del masivo ingreso de personas a nuestro territorio, sin necesidad de caer en una intolerable xenofobia, ha generado una situación que urge de racionalización, pues el carácter supranacional del crimen organizado es un factor a considerar muy seriamente.
La utilización de nuevas tecnologías, ha venido también ha sumar un elemento más de dificultad al combate frente al crimen organizado.
Es cierto que Chile está lejos aún de convertirse en el símil de otros países de la Región, pero no hay tiempo que perder.
Tráfico de drogas, lavado de activos, trata de personas, son delitos de los que organizaciones de delincuentes están acostumbrándonos.
A ello sumemos los enfrentamientos entre grupos criminales que aparejan homicidios en donde no sólo resultan “bajas” de miembros de estas bandas, sino que, como hemos podido constatar con más frecuencia de lo que quisiéramos, niños y niñas completamente inocentes cuyo único error es vivir en lugares controlados por estos delincuentes.
El crimen organizado se ha “profesionalizado”, si puede hablarse en estos términos, a un ritmo que ni el Derecho penal ni procesal penal ha logrado llegar a tiempo.
Se identifican por una estructura donde está claramente establecido el rol de cada uno de los miembros, aunque cuando son capturados intenten brindar una lectura completamente aséptica en la cual a cada uno le correspondería una ridícula participación en determinado delito, para de ese modo intentar esquivar figuras agravadas previstas en el ordenamiento jurídico.
El combate debe darse con las herramientas de un Estado de Derecho, pero sin inocencia ni pasividad.
Cabe descartar tanto modelos de combate del crimen organizado sólo propios de Estados autocráticos, como mantener la respuesta clásica frente a un fenómenos diverso y gravísimo, que puede ramificarse y extenderse como una metástasis si no se le pone coto.
Urge dotar de todas las herramientas, medios y recursos de investigación necesarias para la lucha contra la delincuencia organizada, con los ajustes que sea necesario hacer a nuestra legislación procesal penal que no fue pensada ni diseñada para este tipo de fenómeno.
Desde el Ministerio Público y desde nuestros Tribunales de justicia ya se está actuando, sin esperar lo anterior. En esto no caben mezquindades ni dogmatismos ideológicos. Se impone una respuesta realista, pragmática, eficaz y eficiente que permita determinar la responsabilidad penal de este tipo de personas que sin escrúpulos ni miramientos pretenden imponerse al propio Estado.
