Respaldada con 93 votos a favor, 27 en contra y 17 abstenciones, en julio de este año la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS) fue despachada por el Congreso, quedando lista para ser promulgada. Su propósito es claro: agilizar y modernizar el sistema de permisos sectoriales sin relajar los estándares regulatorios.
La ley introduce un conjunto de reglas comunes para todos los permisos: formularios estandarizados, plazos máximos obligatorios, exámenes de admisibilidad, informes entre servicios y la aplicación del silencio administrativo, que promueve certeza jurídica en caso de demoras.
También incorpora las Técnicas Habilitantes Alternativas (THA), que permiten reemplazar permisos de bajo riesgo por declaraciones juradas o avisos, manteniendo los estándares normativos y quedando sujetos a fiscalización ex post con sanciones en caso de fraude.
La plataforma digital SUPER (Sistema Unificado de Permisos) se transforma en ventanilla única de carácter estatal. A través de ella, los usuarios podrán centralizar sus solicitudes, registrar el seguimiento de sus proyectos y acceder a trazabilidad completa.
Se crea además la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, dependiente del Ministerio de Economía, encargada de coordinar, monitorear y asesorar la implementación de la nueva normativa. A su vez, impulsará mesas regionales, metas institucionales y procesos de modernización continua.
Según el Gobierno, la ley podría reducir los tiempos de tramitación entre un 30 % y un 70 %, dependiendo del tipo de proyecto. Esto promete dinamizar sectores clave como minería, energía, infraestructura y desalación, que han sufrido por los rezagos burocráticos.
Desafíos en la puesta en marcha
Sin embargo, el panorama no está exento de desafíos. Aunque la normativa crea una base técnica e institucional, la coordinación real entre organismos reguladores sigue siendo un punto débil, ya que no establece mecanismos operativos para articular sus acciones. Esta carencia podría reproducir las duplicaciones y contradicciones que hoy entorpecen los trámites.
Además, la ley no modifica el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que continúa siendo un cuello de botella para muchos proyectos críticos. Así, aunque la LMAS cubre gran parte de los permisos, los procesos ambientales de fondo siguen fuera de su alcance.
En ese sentido, el exministro del Tercer Tribunal Ambiental y profesor de Derecho Ambiental de la Universidad Austral, Iván Hunter, advirtió que, como ocurre con toda ley, la fase de implementación será decisiva. “Los principios de estandarización, previsibilidad, simplificación y costo-efectividad deben guiar su aplicación para que la norma cumpla con sus objetivos de certeza, eficiencia y coherencia”, aseguró.
Por su parte, la abogada y profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Los Andes, Rosa Fernanda Gómez, señaló que el principal desafío de esta regulación será garantizar su aplicación homogénea y clara en todo el país, evitando que las nuevas exigencias se conviertan en una barrera burocrática más.
“Se requiere fortalecer la capacidad técnica de los municipios, coordinar criterios entre organismos y asegurar certeza jurídica a los privados para que la norma logre sus objetivos sin generar un exceso de judicialización ni desigualdad territorial”, concluyó Gómez.