Se establece la realización de concursos públicos para nombrar a notarios, conservadores y archiveros, a través del Sistema de Alta Dirección Pública.
El 01 de octubre se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.722, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que modifica el Sistema Registral y Notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales.
La nueva ley contempla un nuevo procedimiento para nombrar a notarios, conservadores de bienes raíces y archiveros, en el que participa la Alta Dirección Pública (ADP) que seleccionará a los postulantes en base a sus méritos y la rendición de un examen. El Consejo de Alta Dirección Pública remitirá al Presidente o Presidenta de la República los antecedentes académicos y profesionales de los postulantes que ocupen los tres primeros lugares en la nómina, para que éste proceda a determinar la identidad del seleccionado de entre ellos.
Además, se establece una inhabilidad, no podrá ser nombrado en alguno de los cargos que integran la segunda serie del Escalafón Secundario ni ser incluido en la nómina correspondiente, quien se encuentre ligado por matrimonio, por acuerdo de unión civil, por parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, por afinidad hasta el segundo grado, o por adopción, al Presidente de la República, a los senadores y diputados, a los Ministros y al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, a los ministros y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones, y otras autoridades que indica la ley.
Asimismo, la nueva ley permite que el Presidente de la República pueda crear nuevas notarías, quien deberá considerar necesariamente que la actividad económica así lo requiera; que sea necesario para brindar un servicio de calidad y un adecuado acceso a las gestiones y servicios notariales a los habitantes de la comuna o agrupación de comunas, localidad, sector o barrio específico, para lo que tendrá en consideración el número de habitantes, la población atendida y las tecnologías disponibles; entre otros aspectos.
Un aspecto relevante, dice relación con la modernización tecnológica, en donde obliga a las notarías deberán digitalizar los instrumentos (escrituras públicas, protocolos) y mantener repositorios digitales accesibles.
Adicionalmente, se incorpora al Sernac como organismo con facultades para supervisar la calidad del servicio y permitir a las personas usuarias puedan reclamar.