El máximo tribunal rechazó los recursos de casación interpuestos contra la sentencia que condenó a ex ejecutivos de Empresas La Polar a indemnizar los perjuicios sufridos por los fondos de pensiones administrados por AFP Provida.
El máximo tribunal rechazó los recursos de casación interpuestos contra la sentencia que condenó a ex ejecutivos de Empresas La Polar a indemnizar los perjuicios sufridos por los fondos de pensiones administrados por AFP Provida.
El tribunal sostuvo que las mejoras realizadas por la arrendataria no fueron autorizadas por la autoridad y que, conforme al contrato de arriendo, no daban derecho a indemnización, pudiendo únicamente ser retiradas antes del término del arriendo.
La Corte Suprema acogió la indemnización por daño moral en favor de 121 demandantes que debieron iniciar múltiples acciones judiciales para obtener el pago de una sentencia firme.
El máximo tribunal sostuvo que la compraventa de inmueble por instrumento privado adolece de nulidad absoluta por falta de escritura pública, y reafirmó que la vivienda constituye inmueble por adherencia no reivindicable.
En el derecho privado chileno una de las materias que menor atención suscita es el estudio de los modos de adquirir el dominio distintos de la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. Si bien en el último tiempo existen interesantes trabajos
El fallo rechazó impugnación contra sentencia que descartó que el acuerdo de 2017 constituyera un pacto de pago por US$2.328.370, confirmando que no se acreditó una intención común en tal sentido.
El máximo tribunal estableció que la subasta realizada era ilícita por encontrarse vigente un embargo decretado en el expediente administrativo sin autorización del órgano competente.
La Primera Sala en sentencia de reemplazo, rechazó la prescripción ordinaria y extraordinaria del derecho real de herencia, reconociendo efectos retroactivos a la filiación judicialmente determinada.
Tercera Sala rechazó la casación en la forma y en el fondo y confirmó que la notificación de la sentencia definitiva a una sola parte no interrumpe el plazo de seis meses del artículo 152 del Código de Procedimiento Civil.
El máximo tribunal descartó la invocación de buena fe y reafirmó que la ocupación de bienes fiscales exige siempre un título vigente conforme a la ley.