En el marco del XIII Congreso Internacional titulado “El Derecho Administrativo como Herramienta para la Modernización del Estado”, realizado los días 13 y 15 de noviembre y organizado por la Universidad Central de Chile, la Asociación Internacional de Derecho Administrativo y el Instituto Chileno de Derecho Administrativo (ICHDA), el abogado y profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva, compartió su visión en una entrevista con Actualidad Jurídica: El Blog de DOE. Durante la conversación, Sánchez de Diego se refirió a los principales puntos abordados en la charla inaugural del Congreso, titulada “El Derecho Administrativo como herramienta de modernización del Estado”. En ella, abordó la modernización del derecho público como una exigencia para modernizar el Estado.
En esa línea, el experto subrayó tres retos clave: la transparencia y el gobierno abierto, la incorporación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, y la simplificación del derecho administrativo para hacerlo más accesible.
Además, enfatizó en la importancia de la sostenibilidad y los derechos humanos en la actuación pública, señalando que los principios de justicia, igualdad y libertad deben guiar las reformas.
¿Cuáles consideras que son los desafíos más urgentes para que el derecho administrativo cumpla el rol de ser una herramienta clave para la modernización del Estado, especialmente en contextos como el de Chile o Latinoamérica?
Creo que existen muchos retos, pero me gustaría resaltar algunos relacionados con la formación de funcionarios y la integración y coordinación de los organismos públicos. Me centraría en tres aspectos esenciales:
El primero es el tema del gobierno abierto y la transparencia. Hoy en día, la administración pública ya no debe considerarse un fin en sí misma, sino un medio para servir al ciudadano.
El segundo gran reto, que es global, es la incorporación de las nuevas tecnologías y la digitalización, y cómo debe integrarse la inteligencia artificial dentro de la administración pública, entre otros aspectos.
Finalmente, el tercer reto es hacer el derecho administrativo más comprensible y accesible, tanto para los ciudadanos como para los abogados y las instituciones.
Uno de los temas centrales del Congreso es el «gobierno abierto». ¿Cómo ves la relación entre la transparencia, la participación ciudadana y la reforma del derecho administrativo en países como Chile, que atraviesan un proceso de cambios sociales y políticos profundos?
Para que exista participación, la transparencia es absolutamente esencial. Si no hay información, no puede haber un gobierno abierto ni participación pública.
Si construimos un buen modelo de gobierno abierto a través del derecho administrativo, creo que hay una oportunidad de que el poder político se acerque más a los ciudadanos y de que estos entiendan que el poder está para servirles.
La sostenibilidad y la protección de los derechos humanos son cuestiones cada vez más relevantes en el derecho administrativo. ¿Cómo puede este ámbito del derecho asegurar que las decisiones administrativas respeten y promuevan tanto la justicia social como la sostenibilidad ambiental?
Nosotros no somos propietarios de la tierra, sino administradores. Nuestro compromiso es dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos, no peor, que es lo que ha venido ocurriendo a lo largo del tiempo.
Lo que debe guiar la actuación pública son principios de justicia, igualdad y libertad, y la sostenibilidad debe entrar inevitablemente en esa ecuación. Los derechos humanos, el progreso social y la distribución de la riqueza son fundamentales.
Por lo tanto, tanto los poderes públicos como los particulares deben actuar respetando estos principios.
Respecto a las innovaciones recientes en el derecho administrativo, ¿cuáles consideras que son los avances más significativos en este campo a nivel global y cómo podrían aplicarse en el contexto latinoamericano, particularmente en Chile?
Creo que hay muchas modificaciones importantes en el derecho administrativo. Se ha introducido la transparencia y la participación ciudadana. Por ejemplo, los ciudadanos ahora tienen que opinar sobre los planes urbanísticos.
Sin embargo, aún existen retos que enfrentar. Uno de los principales sigue siendo la transparencia y la participación ciudadana. Es importante recordar que los auténticos propietarios de los bienes públicos son todos los ciudadanos, y, si me extiendo un poco más, no solo los ciudadanos de un país, sino la humanidad en general.
La digitalización y el uso de nuevas tecnologías están transformando las administraciones públicas. ¿Qué papel debe jugar el derecho administrativo en este proceso de digitalización, y cómo puede adaptarse para garantizar tanto la eficiencia como el respeto a los derechos ciudadanos?
La inteligencia artificial es un reto. Es una herramienta para responder rápidamente a las demandas de los ciudadanos, de forma justa y comprensible, pero también puede convertirse en un mecanismo de control social. Por eso es clave la transparencia.
Además, otro reto que presentan las nuevas tecnologías es la posibilidad de simplificar los procedimientos administrativos, hacerlos más directos y claros para los ciudadanos. No digo que no se esté avanzando en eso, pero aún se detectan brechas digitales que es necesario abordar.
Finalmente, ¿qué mensaje te gustaría dejar a los estudiantes y profesionales del derecho administrativo en Chile, especialmente en un momento tan decisivo para el país, que está inmerso en un proceso de reformas constitucionales y sociales?
Nos encontramos en una encrucijada histórica. Las nuevas tecnologías y los principios como la transparencia y la participación pública pueden ser factores determinantes para un Chile que avance hacia el progreso.
Pero, cuidado, porque estos instrumentos pueden ser utilizados tanto de manera positiva como negativa. Por eso es crucial que la justicia, la libertad y la igualdad sean los principios que guíen todas las reformas legislativas y el progreso hacia un futuro mejor.
Los expertos en derecho tienen una labor fundamental en este proceso.