Mucho se habla y se ha hablado sobre la necesidad de «modernizar el Estado», sin embargo, al tratarse de un concepto multívoco, es necesario ponerse de acuerdo sobre a qué nos referiremos con este término. Se le ha entendido como sinónimo de mayor participación, mejor gestión, disminución del tamaño del Estado o de operadores políticos, también como sinónimo de digitalización o de eliminación de la burocracia, entre otros y se han planteado definiciones desde la administración pública, el derecho, la economía y la ciencia política.
El concepto nace de un cuestionamiento hacia el modelo tradicional de gestión del Estado de bienestar, denominado «prestacional», calificándolo como incapaz para responder a las demandas sociales, desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y/o rapidez, buscando además, la calidad en la gestión de los asuntos públicos, en cuanto se criticaba la existencia de una asimetría en la información a favor del Estado, la poca transparencia y flexibilidad. Si el diagnóstico era adecuado, en tanto se buscaba cambiar las reglas del juego, señalando que los ciudadanos y ciudadanas son los «principales» y es a quienes se debe rendir cuentas, enfocándose en ellos y ellas, buscando romper con las asimetrías de información presentes en el entramado institucional, influida por este modelo, se dictan por ejemplo, normas sobre transparencia y las que buscan combatir la corrupción. Influidos por este paradigma y motivados por organismos internacionales, como el Banco Mundial, los Estados comenzaron a introducir modificaciones al sistema político y administrativo que apuntaban en la dirección correcta: desconcentración, descentralización y participación ciudadana.
Durante la década de los noventa nació un modelo gerencial de modernización del Estado o enfoque de «Nueva Gestión Pública (New Public Management) o Modelo Gerencial», que entendió a la administración del Estado como una empresa al servicio de ciudadanos y ciudadanas, proveedora de bienes y servicios, equiparándola al sector privado, lo que llevó a una orientación hacia el mercado y a la incorporación de criterios propios de esta área, tales como rentabilidad, externalización e intermediación, introduciéndose reformas basadas en la estructura y organización empresarial.
Este enfoque falló en cumplir su objetivo, ya que, en el camino del aterrizaje de las ideas teóricas a políticas y programas concretos, se perdió el norte en la búsqueda de la eficiencia y no se otorgó el énfasis necesario en la calidad, resultando en una poca atención a las demandas ciudadanas. En este sentido, diversos autores indican que en la implementación de esta nueva gestión pública, resultó limitada la calidad en que ciudadanos y ciudadanas podían influir en las acciones del gobierno, en tanto se les asignó una posición política débil, descuidándoles y recurriendo a su participación sólo una vez que las decisiones habían sido tomadas.
La principal crítica que se le realiza a este modelo y paradigma radica en que se pierde la noción entre la actividad pública y privada, acarreando un debilitamiento del rol de los ciudadanos y ciudadanas, de modo que la corrección hacia el futuro ha sido tratar de incorporar a la ciudadanía en los procesos de políticas públicos y programas de gobierno, a través del trabajo colaborativo, con el fin de mejorar la calidad de políticas y programas por un lado y, de recuperar la confianza y legitimidad democrática, por otro.
Esta crítica trae como consecuencia que el rol de la ciudadanía y de consumidores son distintos y no son factibles de equiparar, de modo que, la eficiencia, eficacia y oportunidad de respuesta a las demandas no puede separarse de la rendición de cuentas, el control y/o la responsabilidad, si no que más bien son acciones que deben complementarse. En este sentido, las medidas deben enfocarse en hacerse cargo de las demandas de la ciudadanía, profundizar la democracia y la participación, facilitando la fiscalización y control de los actos del gobierno.
