La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile fue escenario de un encuentro clave para debatir los alcances y desafíos del Proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Académicos y representantes del sector privado y público coincidieron en la necesidad de una transformación regulatoria, aunque manifestaron preocupaciones sobre su implementación.
El lunes 17 de junio se llevó a cabo la jornada “Transformación del Régimen de Permisos Sectoriales: desde la perspectiva jurídica, administrativa y colaborativa”, organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el Instituto Chileno de Derecho Administrativo (ICHDA), DOE y Actualidad Jurídica. El encuentro se realizó en la sala Matilde Brandau, sin embargo, también contó con una transmisión en línea que incluyó entrevistas interactivas entre paneles.
La instancia reunió a académicos y representantes del sector público y privado para reflexionar sobre el Proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, una iniciativa que busca simplificar, estandarizar y agilizar los permisos que otorgan distintas instituciones del Estado, especialmente en proyectos de inversión.
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La presidenta de ICHDA, Natalia Muñoz, fue la encargada de inaugurar la jornada con un llamado a mirar esta reforma como una oportunidad histórica para repensar el vínculo entre derecho administrativo y desarrollo. Muñoz también valoró que en esta jornada estuviese presente la voz de diferentes perspectivas en torno al proyecto.
“En este seminario vamos a recibir la opinión de distintos actores: de quienes están tramitando el proyecto, de quienes litigan muchas veces en relación a los trámites administrativos, especialmente en los ámbitos sectoriales, de la Academia, que está convocada con distintos profesores para exponer qué es lo que se opina desde la perspectiva del derecho administrativo y del derecho público, y también del sector privado, quienes nos pueden comentar cuáles son las principales trabas y desafíos que ellos enfrentan en esta materia”, aseguró Muñoz.
Por su parte, Ignacio Montiglio, gerente general de DOE, explicó por qué considera que este
una temática de alta relevancia estratégica para el país.
“El proyecto representa una oportunidad para ordenar, simplificar y actualizar un sistema que hoy es fragmentado, incierto y muchas veces ineficiente (…) No se trata simplemente de agilizar trámites o reducir plazos. Se trata de establecer un nuevo estándar de gobernanza pública que combine eficiencia institucional, seguridad jurídica, sostenibilidad ambiental y legitimidad social”, aseguró.
Alcances y principales novedades del proyecto de ley
El primer panel tuvo como eje central la arquitectura general del proyecto de ley y sus principales innovaciones, por ejemplo, la creación de tipologías según el nivel de riesgo, el silencio administrativo como regla y las denominadas Técnicas Habilitantes Alternativas. La conversación fue moderada por la profesora Carmen Gloria Droguett y contó con exposiciones de Francisco Zúñiga, presidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, Valeria Ruz, socia de FerradaNehme y Alberto Sánchez, asociado senior de Barros & Errázuriz.
Zúñiga señaló que esta iniciativa enfrenta una paradoja clave: si solo modifica procesos sin ajustar normas sustantivas, difícilmente tendrá impacto real. A través de un repaso histórico, como la fallida implementación de “Ventanilla Única” del gobierno del expresidente Aylwin, advirtió que intentos anteriores fracasaron por falta de cambios estructurales.
“Este no es un tema nuevo, está claro en la agenda de hoy que esto era necesario. Pero naturalmente, el proyecto sigue enfrentando esta paradoja inicial: si realmente es posible sacar adelante una ley marco en materia de autorizaciones sectoriales que no aborde el problema de la regulación sustantiva de normas y estándares”, aseguró el experto.
Sánchez advirtió que el Proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales corre el riesgo de generar incertidumbre jurídica si no se articula adecuadamente con la legislación vigente. Comparó el caso chileno con la experiencia de la Unión Europea y España, donde intentos similares por simplificar los permisos derivaron en una “termita regulatoria” que debilitó instituciones y generó resistencia. Aunque valoró el enfoque del proyecto, alertó sobre su alta dependencia de reglamentos sectoriales para operar efectivamente.
“¿Cuáles son los desafíos en la implementación de este proyecto de ley? ¿Tener mayor certeza jurídica o vamos a generar un marco regulatorio incierto que desincentive la inversión?”, planteó Sánchez.
Ruz, abogada especializada en derecho ambiental, defendió los objetivos del proyecto y lo calificó como una reforma necesaria. No obstante, advirtió que, aunque la norma busca simplificar procesos y otorgar certezas, su implementación efectiva dependerá de una compleja red de reglamentos, decretos y actos administrativos que podrían retrasar su entrada en vigor, tal como ha ocurrido con otras leyes recientes como la Ley REP y la Ley Marco de Cambio Climático. También alertó sobre el uso excesivo de mecanismos de suspensión de plazos y recursos administrativos, que en la práctica podrían neutralizar los beneficios de herramientas como el silencio administrativo o las técnicas habilitantes alternativas.
“La agilidad que se logra a través de estas técnicas habilitantes alternativas (…) se ve coartada por la posibilidad de interponer un recurso que al final me puede generar un retraso que no es lo que persigue la norma”, dijo Ruz.
Desafíos administrativos y capacidades del Estado
El segundo bloque de la jornada se enfocó en las barreras institucionales que podrían dificultar la implementación efectiva del proyecto de ley. Se abordaron temas como la capacidad técnica de los servicios públicos, la necesidad de coordinación entre organismos, la interoperabilidad digital y los incentivos para el cumplimiento de plazos. Sandra Ponce de León moderó el panel, y participaron Valentina Sebeckis, asesora de Agenda de Estandarización de Permisos Sectoriales del Ministerio de Economía, Julio Pallavicini, académico de la Universidad de Chile y David Cademartori, socio de Barros & Errázuriz.
Sebeckis abordó los principales desafíos de gestión pública que enfrentará la implementación del proyecto. Destacó que los problemas no se reducen a los modelos de autorización, sino que tienen raíces más profundas, como la falta de coordinación entre servicios, la escasa información disponible y una política pública fragmentada y de corto plazo. Recalcó la necesidad de una institucionalidad técnica permanente, encabezada por la nueva Oficina de Autorizaciones Sectoriales, que impulse y coordine el sistema, y valoró el rol clave de la plataforma SUPER como ventanilla única. Además, defendió la preparación anticipada del Ministerio de Economía y el trabajo conjunto con servicios públicos para acelerar la implementación, contrarrestando así el escepticismo respecto a la dictación de reglamentos.
“La coordinación no va a ser espontánea. La coordinación tiene que ser impulsada por un órgano que tenga competencias técnicas y también facultades legales para convocar a los órganos. La plataforma SUPER va a permitir interoperar distintas plataformas y hacer seguimiento a las solicitudes de permisos (…) No estamos partiendo de cero, y creo que eso también es muy auspicioso para poder garantizar una correcta y oportuna implementación de la ley”, dijo la experta.
Pallavicini cuestionó los obstáculos de gestión pública que frenan el desarrollo de proyectos en Chile, tanto públicos como privados. Usó el caso de la lenta ejecución de un jardín en la Facultad de Derecho como símbolo de una burocracia ineficiente. También criticó la falta de consecuencias reales para los incumplimientos de la administración y advirtió sobre los riesgos de entregar decisiones estructurales al vaivén político, planteando que el problema muchas veces no es la falta de leyes, sino su incumplimiento. Además, denunció la asimetría entre las exigencias a los privados y la laxitud de los organismos públicos.
“No es mito, es una realidad. Hay fatalidad de los plazos para los particulares y no hay fatalidad para la administración. Entonces, si una empresa no contesta los cargos que le formula una autoridad ambiental, una autoridad regulatoria, no puede defenderse. Pero la administración se puede tomar un lapso relativamente largo de tiempo para tramitar porque es que ya tiene mucha pega”, aseguró.
David Cademartori realizó una presentación crítica sobre el origen de la descoordinación estatal, señalando que gran parte del problema no está en el Ejecutivo, sino en el Poder Legislativo, debido a la creación constante de normas sin evaluaciones de impacto regulatorio. Planteó que este “activismo legislativo” ha derivado en una sobrecarga para servicios públicos con escasa capacidad operativa, lo que genera crisis institucional.
“Una buena ley o una ley como esta necesita formación, recursos y capacitación, implementación y una vocación que vaya más allá de los cambios políticos que pueden haber”, aseguró el experto.
Cooperación público-privada para una implementación efectiva
El último bloque de la jornada se enfocó en cómo el Estado y el sector privado pueden colaborar en la implementación del nuevo régimen de autorizaciones. Moderó Claudio Pérez, gerente de contenidos de DOE y participaron: Javier Naranjo, exministro del Medio Ambiente y abogado experto en regulación, Natalia Muñoz, presidenta del Instituto Chileno de Derecho Administrativo y José Tomás Morel, director de Estudios del Consejo Minero.
El exministro del Medio Ambiente, Javier Naranjo, planteó que la cooperación público-privada es clave para que el régimen de permisos sea exitoso, ya que los titulares de proyectos son privados y quienes revisan son organismos públicos. Analizó experiencias internacionales para demostrar que la agilización de permisos no es solo deseable, sino posible, citando ejemplos de Paraguay, Perú, Estados Unidos y la Unión Europea, donde incluso se reconoce que los permisos pueden constituir una barrera para la inversión. En su cierre, valoró el avance del proyecto de ley, pero advirtió que hay aspectos que no se abordan, como el rol de municipios, el Consejo de Monumentos y parte del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Finalmente, sostuvo que el verdadero cambio que se necesita es cultural y de confianza entre actores.
“Hoy día, la ejecución de un proyecto o grandes proyectos toman, en algunos casos, hasta más de 10 años tener todos los permisos para poder ejecutarse, lo que es un desincentivo terrible para la inversión. Y eso implica consecuencias en el empleo y consecuencias en el desarrollo del país”, aseguró.
Natalia Muñóz destacó que Chile ha tenido una experiencia exitosa en colaboración público-privada, pero advirtió que hoy los marcos regulatorios y la excesiva burocracia afectan la inversión, encarecen el financiamiento y generan ineficiencias. Subrayó que la digitalización es clave para una tramitación más eficiente y transparente, y llamó a que esta ley convoque a todos los incumbentes para rediseñar procedimientos más ágiles y realistas.
“Yo creo que se podría usar este espacio, esta oportunidad, para quizás revisar todo el sistema en su conjunto y ver si realmente nuestra normativa, la de fondo, es o no la más conveniente a estos tiempos”, aseguró.
José Tomás Morel recalcó la importancia de levantar evidencia técnica desde el sector privado para contribuir a una mejor toma de decisiones públicas. Llamó a evitar la contradicción entre nuevas leyes y la modernización regulatoria en curso, y advirtió sobre la necesidad de un diseño institucional que combine independencia e incidencia para que los cambios perduren en el tiempo. Además, valoró el diagnóstico del proyecto de ley como un avance significativo, al reconocer fallas estructurales del sistema actual como la excesiva burocracia, falta de certeza jurídica y descoordinación institucional.
“Que el mensaje que acompañe esta exposición diga que actualmente el problema más relevante que enfrentan los estructurales de proyectos de inversión son los excesivos tiempos de tramitación, la falta de certeza jurídica, la falta de proporcionalidad y la falta de información en materia de autorizaciones sectoriales, es muy valioso”, expresó Morel.
¿Qué conclusiones nos dejó está jornada?
La jornada dejó en evidencia un consenso transversal: la transformación del régimen de autorizaciones sectoriales es necesaria. Pero también se mostró que hay múltiples desafíos que podrían amenazar su éxito si no se abordan con seriedad institucional, recursos suficientes y voluntad política sostenida.
La estandarización de principios, la creación de plataformas tecnológicas, el fortalecimiento de capacidades públicas y la cooperación entre actores públicos y privados, según los panelistas, son las claves para que este ambicioso proyecto no se quede en el papel.
Como señaló Natalia Muñoz en el tercer panel: “Un buen proyecto no se mide por su promesa escrita, sino por su ejecución real. Y en eso, el trabajo articulado y técnico es más importante que cualquier anuncio político”.