Tiene por objetivo disminuir la actividad delictiva de las organizaciones criminales que operan en Chile.
El 15 de junio el Diario Oficial publicó el Decreto Nº 369 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, que aprueba la Política Nacional contra el Crimen Organizado.
El decreto establece que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública ha asumido el desafío de elaborar la primera Política Nacional contra el Crimen Organizado, que busca fortalecer la coordinación interinstitucional para prevenir, controlar y perseguir a las organizaciones criminales que actúan en el país y en la región, a través de la focalización de acciones que apunten a impactar y desarticular la operación de las organizaciones criminales y reducir los incentivos económicos y utilidades que motivan la actividad ilícita.
Para facilitar la articulación entre las diferentes instituciones para la prevención, control y persecución del crimen organizado, mediante el decreto supremo N° 1.341, de fecha 23 de octubre de 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se creó el Consejo Asesor para la Coordinación y Unidad de Acción en Materia de Prevención y Control del Crimen Organizado, cuya misión es proponer medidas de coordinación intersectorial entre las distintas instituciones competentes respecto de las acciones de prevención y control del crimen organizado, facilitando el intercambio de información y promoviendo acciones conjuntas orientadas a enfrentarlo.
Además, el acto administrativo contempla que, con el objetivo de proponer medidas de coordinación intersectorial, a nivel regional, respecto de las acciones de prevención, control y persecución del crimen organizado a nivel territorial, se conformaron los Consejos Regionales contra el Crimen Organizado, a través de la resolución exenta N° 3.743, de 2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
También, se crea el diseño del Plan de Acción Nacional y Regional contra la Trata de Personas 2023-2026 en los ejes: Prevención y sensibilización; Control y persecución del delito; Protección y asistencia a víctimas; Cooperación internacional y coordinación intersectorial. Adicionalmente, se crea un diseño del Plan de Acción Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes 2023-2026.
Finalmente, el presente decreto establece una estrategia contra el crimen organizado, que tiene por objetivo disminuir la actividad delictiva de las organizaciones criminales que operan en Chile, a través de la acción planificada y coordinada de las distintas instituciones del Estado que colaboran en su prevención, control y persecución.
Dentro de sus principales objetivos en el decreto se encuentran desarticular a las bandas y organizaciones criminales, así como debilitar su poder financiero/económico; implementar medidas específicas para controlar el tráfico de armas y municiones, narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, el contrabando, el cibercrimen y delitos asociados a violencias y extorsiones; y fortalecer la coordinación interinstitucional a través de la consolidación de un macrosistema de seguridad pública, que evidencie la unidad de acción del Estado en estas materias.
Para lograr los objetivos generales, la Política Nacional establece los siguientes ejes:
1. Nueva gobernanza.
2. Desbaratamiento de la economía del crimen organizado.
3. Disminución del poder de fuego de las organizaciones criminales.
4. Abordaje del crimen organizado en recintos penitenciarios.
6. Fortalecimiento de las capacidades de equipamiento y tecnologías institucionales para enfrentar el crimen organizado.
9. Aumento de la eficacia para enfrentar el crimen organizado mediante la Reforma Policial.
10. Fomento de la cooperación y coordinación internacional.