28-06-2022
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Si el principal reservorio de carbono del planeta es el océano, prohibamos la minería submarina

Con ocasión de la celebración en Chile de la COP 25 de la Convención sobre Cambio Climático, en el año 2019, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación convocó a científicos y expertos de todo Chile para que propusieran medidas que ayuden a nuestro país a asumir, adecuadamente, cada vez más ambiciosos compromisos internacionales relacionados con la mitigación y adaptación al cambio climático.

Pues bien, la Mesa Océanos del Comité Científico COP25, a partir de una metodología participativa y colaborativa, propuso nueve medidas basadas en el océano, para contribuir a la meta de reducción de sus emisiones.[1] La primera de ellas es la de prohibir la minería submarina, basándose justamente en que el océano es el principal reservorio de carbono en el planeta.

Debemos entender que los océanos asumen un rol fundamental en la mitigación del cambio climático, mediante el llamado «secuestro o entierro de carbono”, proceso por el cual se captura del CO2 de la atmósfera, convirtiéndolo en carbono orgánico particulado y enterrándolo un reservorio (en este caso, el fondo marino), lo que está directamente asociado con la regulación del clima planetario. Y por ello entonces, resulta fundamental proteger los fondos marinos y sobre todo aquellos que presentan un eficiente proceso de enterramiento de carbono orgánico, como los asociados al carbono azul.

Se propuso, específicamente, proteger al subsuelo marino de la Zona Económica Exclusiva chilena frente a amenazas como la minería submarina, incluyendo la prospección, exploración, explotación y también el procesamiento y el depósito de relaves en el océano. Se trata de una medida fundada en el principio precautorio o in dubio pro natura, en virtud del cual ante la duda sobre el impacto que una acción u omisión pueda ocasionar en el ambiente o sus elementos, las decisiones que se tomen deben ser en el sentido de protegerlos. Así, mediante la prohibición propuesta, se evitará la alteración en el enterramiento de carbono en el océano, conservando la biodiversidad de sistemas bentónicos y otros servicios ecosistémicos.

Actualmente, existe un gran interés a nivel internacional por explotar recursos minerales submarinos, aunque su baja viabilidad o rentabilidad económica ha demorado hasta ahora su desarrollo en pleno. Paralelamente, el debate se hace más agudo, pues se trata de los ecosistemas menos estudiados y los más prístinos del planeta, frente a una actividad donde a nivel submarino sus impactos y efectos son hoy altamente inciertos, pero se presumen como muy negativos si se consideran los conocidos impactos ambientales de la actividad minera terrestre. Además, parece pertinente recordar que la falta de agua dulce en los continentes determinará que, en el futuro,  la alimentación del mendo dependa de la salud de los océanos.

Ante estas incertezas y, por el contrario, ante la certeza ineludible de que es nuestro deber asegurar la vida del planeta y la de los que vendrán, llamo a los Convencionales Constituyentes de todo Chile, un país entero rodeado por el mar, a aprobar la Indicación que excluye a los fondos marinos de la minería, permitiendo que nuestro país encamine su desarrollo hacia uno verdaderamente sustentable, y logre ser un referente en conservación a nivel mundial.


[1] Farías, L., Ubilla K., C. Aguirre, L. Bedriñana, R.Cienfuegos, V. Delgado, C. Fernández, M. Fernández, A. Gaxiola, H. González, R. Hucke-Gaete, P. Marquet, Vivian Montecino, C.Morales, D. Narváez, M. Osses, B. Peceño, E. Quiroga, L. Ramajo, H. Sepúlveda, D. Soto, E. Vargas, F.Viddi, J. Valencia. Nueve medidas basadas en el océano para las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional de Chile. Comité científico COP25, mesa Océanos, 2019.

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Escrito por

Abogada, Doctora en Derecho, Università degli Studi di Roma II, y Magíster de la Universidad de Tor Vergata (Roma-Italia). Profesora de derecho ambiental en la Universidad de Concepción y Directora de la Revista de Derecho y Directora del Programa Derecho, Ambiente y Cambio Climático (DACC) de la misma casa de estudios.