Los principios consagrados en el artículo 6° y 7° de la Constitución Política de la República, posibilitan el recurrir ante los tribunales de justicia para lograr la anulación de los actos contrarios a derecho.
La Segunda Sala descartó vulneraciones al debido proceso y confirmó la condena por fingimiento del cargo de abogado, junto con el delito de uso malicioso de documento privado falso.
La Tercera Sala impuso suspensión de un mes y multa de 5 UTM a una abogada por incorporar referencias doctrinarias no verificadas en un recurso de casación en el fondo.
