La magistratura recurrida solo deberá poner en conocimiento de la Tesorería General de la República la multa impuesta a la amparada, por infracción a la Ley del Consumidor.
La conducta desplegada por el recurrido en orden a impedir la entrada de la recurrente a la propiedad arrendada mediante el cambio de candados alteró el statu quo vigente sin que exista habilitación judicial para ello.
No corresponde a la Contraloría General de la Republica emitir pronunciamiento en aquellos casos en que se plantea un asunto de naturaleza litigiosa.
Actualmente se encuentra en curso el procedimiento de fiscalización en contra de la Asociación Benéfica de Habitaciones para Obreros, que se originó por la denuncia.
Las resoluciones impugnadas no resultan ilegales, lo que descarta cualquier afectación ilegítima a la libertad personal y seguridad individual.
La señal entregada por la denunciada no es satisfactoria, dado que las mediciones registradas reflejan una señal insuficiente, sin que se haya instalado por aquella una segunda estación base, de acuerdo a la concesión otorgada.
El evento se realizará el 22 de noviembre del 2024 a las 12:00 horas.
El requerimiento pretende hacer desaparecer las consecuencias desfavorables que el ordenamiento impone a quien no haya dado cumplimiento a las normas legales que regulan una actividad económica.
Estimó que la materia alegada excede del ámbito de aplicación del recurso de protección.
Corte Suprema rechazó acción de protección resaltando que la función contralora aparece como ejercida por autoridad competente, de forma legal.