No cualquier dilación en la dictación del respectivo acto administrativo conlleva el decaimiento de este, sino que sólo la amerita aquella que es excesiva e injustificada.
Se observa que la mantención de la medida cautelar, considerando especialmente los nuevos antecedentes presentados tanto por la Defensa como por la Fiscalía, revela una desproporción en la aplicación de dicha medida.
Para acoger la acción de protección debe constatarse el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado, condición que no se verifica en este caso.
Respaldada con 93 votos a favor, 27 en contra y 17 abstenciones, en julio de este año la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS) fue despachada por el Congreso, quedando lista para ser promulgada. Su propósito es claro: agilizar y modernizar el sistema de permisos sectoriales sin relajar los estándares regulatorios.
La acción intentada buscaba impugnar la aplicación de la Ley N°21.772 y no una infracción al derecho a desarrollar actividades económicas en los términos protegidos por el amparo económico.
La Tercera Sala estimó que la acción de protección no era la vía idónea para discutir la Ordenanza Municipal N°005, que fijó horarios diferenciados para locales de expendio de alcohol en el centro de Calama.
La Cuarta Sala reconoció relación laboral entre una trabajadora y la Municipalidad de San José de Maipo. El fallo declaró injustificado el despido y ordenó el pago de indemnizaciones, feriados y cotizaciones adeudadas.
