La decisión se basó en antecedentes objetivos debidamente acreditados, fue precedida del pronunciamiento técnico requerido por la normativa vigente y fue adoptada por la autoridad competente. La Corte Suprema confirmó el rechazo de un recurso de protección interpuesto por una funcionaria a contrata de una universidad
La Corte Suprema revocó una sentencia de la Corte de Apelaciones y acogió un recurso de protección por el cierre de un camino vecinal en La Araucanía, calificando la conducta como un acto de autotutela prohibido por la Constitución.
El máximo tribunal revocó el fallo de la Corte de Coyhaique e indicó que el arraigo familiar carece de la entidad suficiente para constituir un impedimento o excepción para que la autoridad no ejerza sus potestades legales.
La Tercera Sala confirmó el rechazo al reclamo de ilegalidad interpuesto contra la CMF, validando que la asociación entre SQM y CODELCO no configura una enajenación sujeta a aprobación de junta extraordinaria.
La Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental formalizó un criterio técnico que uniforma la evaluación de proyectos de data center, precisando impactos, tipologías de ingreso y exigencias ambientales bajo la Ley 19.300.
La entrada en vigencia de la Ley 21.719 marca un cambio de paradigma en el tratamiento de datos personales en Chile, elevando los estándares de protección y reforzando la responsabilidad de quienes los tratan.
El máximo tribunal acogió un recurso de queja y concluyó que la divulgación de información productiva afecta derechos comerciales protegidos por la Ley de Transparencia.
La reciente formalización de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco marca una situación inédita en la historia judicial chilena. Quien fuera una figura prominente en el máximo tribunal, portavoz en su momento y miembro de la influyente Sala Constitucional, hoy enfrenta un proceso
La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó un recurso de protección contra el Servicio de Salud Araucanía Sur por la negativa a emitir un certificado médico de defunción con causa determinada.
La Corte Suprema enfatiza que la voluntad colectiva válidamente expresada debe respetarse de manera íntegra, incluso cuando el convenio distingue entre la indemnización pactada y la base legal para calcular el recargo del 30%, sin que ello implique renuncia de derechos laborales.