Se han planteado diversas alternativas para enfrentar los fenómenos de merma de confianza de la ciudadanía ante las autoridades y órganos públicos, déficit de legitimidad de las instituciones públicas, lo que en definitiva se traduce en una desafección frente al modelo de sistema político representativo que actualmente se encuentra unido con las democracias modernas como forma de gobierno, produciéndose una distancia cada vez mayor entre representantes y representados que precipitan contextos de crisis institucional y del sistema.
Frente a ello, se ha propuesto la integración de diversos mecanismos que permitan a la ciudadanía involucrarse de manera activa en los procesos de toma de decisiones que les afecten, en tanto el voto como forma de participación se considera insuficiente, ineficaz, unidireccional y cuya influencia se ve mermada por la distancia indicada.
De este modo, en tiempos de crisis institucional, estos mecanismos debieran encontrarse integrados y articulados con el sistema político representativo, en tanto no se constituyen en opuestos y deben tener como base un flujo permanente de información hacia la ciudadanía traducido en lo que conocemos como transparencia y publicidad de los actos y decisiones, donde el acceso a la información pública es sólo un punto de partida. Junto a ello, las obligaciones de rendición de cuentas de parte de representantes, aportando a este flujo de información, en una dimensión explicativa.
Estos criterios permitirán reforzar la comunicación y disminuir la distancia entre representantes y representados, a través de una participación más independiente, en igualdad de condiciones para toda la ciudadanía y una mayor incidencia e involucramiento en las decisiones públicas.
Dentro de este espectro se encuentran a nivel mundial distintos ejemplos e iniciativas, existiendo diversas combinaciones de arreglos institucionales que permiten equilibrar la participación con el sistema representativo, demostrando que no son opuestos en su funcionamiento y que permiten que la ciudadanía se relacione y se involucre en los asuntos públicos, tanto de manera individual como organizada de forma colectiva, actualizando y modernizando la institucionalidad representativa.
Estas innovaciones dentro del sistema y la institucionalidad, permiten la evolución, perfeccionamiento y permanencia de los sistemas representativos, integrándose con la participación y adaptándose a las nuevas demandas ciudadanas propias del Siglo XXI, favoreciendo y propiciando la educación ciudadana lo que trae también como consecuencia un mayor diálogo político entre ciudadanos y ciudadanas. Dentro de este diálogo y a través de una mayor cultura cívica que propicie una ciudadanía activa que este dispuesta y que se le permita participar en las decisiones que les afecten, contando con los mecanismos para ello, es posible que se logre una mayor tolerancia entre las diversas opiniones, desarrollando el concepto de ciudadanía y no de meramente electores y electoras. Esto, también tiene la ventaja de constituirse en una forma de enfrentar tensiones sociales y una forma de enfrentar las crisis del sistema, a través de la construcción de acuerdos resultando en el fortalecimiento y evolución del sistema político representativo.
