En el año 1789, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, fruto de la Revolución Francesa establecía en su Artículo 15 que: «La sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a cualquier agente público». Este derecho tiene su evolución en la actualidad al formar parte del derecho a la libertad de opinión y expresión. Sin embargo, al no establecerlo así la actual definición del derecho ni ser esto conocido por todas las personas ni, es comprendido desde otras aristas que lo componen.
El comprender las formas de control de las actuaciones de quienes conforman los órganos públicos como un derecho de ciudadanos y ciudadanas es particularmente importante para las democracias modernas, en tanto, funciona tanto como mecanismo de prevención y también, forma de enfrentar las problemáticas que les afectan. Así, por ejemplo, la corrupción, como principal problemática de los estados, puede prevenirse, pero también sancionarse a través de la existencia de estos mecanismos.
Se trata de una forma de concebir la relación entre Estado y la ciudadanía que se fundamenta en la esencia o núcleo fundamental del concepto de democracia, donde el control es considerado como un derecho originario y un elemento determinante, por tanto, no sólo afecta la legitimidad de las instituciones y de lo público, si no que, en definitiva, merma los derechos de las personas al dañar el presupuesto público y sus eventuales ámbitos de acción.
Las formas a través de las cuales puede ejercerse este control son diversas, existiendo controles horizontales, controles verticales, controles diagonales, que a su vez, pueden ser internos o externos, permitiendo la creación de múltiples mecanismos que pueden implementarse de diferentes maneras. Así, lo importante, es que exista una combinación y convivencia de mecanismos, en tanto, aquello robustece los sistemas democráticos. Se busca que, la ciudadanía forme parte de las decisiones que los afectan, que estén informados de las decisiones que se toman y medidas que se ejecutan, que tengan la posibilidad de obtener mayor información si la requieren, e incluso, de solicitar explicaciones y/o reclamar en caso que algo no resulte adecuado o irregular, consistiendo además, en una forma de involucramiento ciudadano propia de una democracia.
La separación de poderes entre las funciones ejecutiva, legislativa y judicial, el voto o sufragio, las agencias constitucionalmente autónomas, la contraloría, la publicidad y transparencia, el acceso a la información pública, la responsabilidad, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, el rol de la sociedad civil, la labor de la academia, la prensa y la opinión pública son agentes y mecanismos de control que, no sólo tienen un rol imprescindible para la legitimidad de las democracias, sino que es necesario que actúen de manera conjunta, observando desde distintas ópticas los procesos a los que se somete a lo público como formas de control democrático.
Además de detectar eventuales irregularidades y combatir la corrupción, las formas de control permiten verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los distintos gobiernos, permitiendo supervisar el cumplimiento de programas y compromisos.
