El avance acelerado de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) ha transformado radicalmente las relaciones humanas. Sin embargo, este desarrollo no ha estado exento de consecuencias negativas, especialmente en contextos marcados por desigualdades estructurales. La violencia de género digital se ha consolidado como una grave amenaza para mujeres, adolescentes y niñas, afectando sus derechos, seguridad y bienestar.
En Chile, los datos son preocupantes. Según la Encuesta de Ciberacoso y Salud Mental en Jóvenes, realizada por la Fundación Katy Summer en 2021, un 47% de adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años declaró haber sufrido acoso virtual en los últimos tres meses, y dentro de ese grupo, un 61% son mujeres. La percepción de inseguridad en el espacio digital también es significativa: un 84% de las personas encuestadas por la Subsecretaría del Interior (2023) considera que las redes sociales son poco o nada seguras.
Los efectos de esta violencia son múltiples, pero entre los más alarmantes se encuentran el daño a la salud mental —incluyendo ansiedad, depresión, estrés postraumático e incluso riesgo suicida— y el silenciamiento de las voces de niñas, adolescentes y mujeres en los espacios públicos. El estudio “Violencia Política Digital de Género” (Ministerio de la Mujer y Equidad de Género – USACH, 2024) reveló que un 69% de las candidatas en elecciones recientes sufrió violencia digital, y un 82% declaró que modera sus publicaciones por temor a ser atacada. Solo un 28% percibe internet como un espacio seguro para compartir ideas.
En el caso de niños, niñas y adolescentes, los riesgos son igualmente graves. La Defensoría de la Niñez ha evidenciado la existencia de violencia sexual digital a través de redes sociales como WhatsApp, Instagram y Facebook, presentes en cientos de resoluciones activadas por programas de protección del Estado entre 2021 y 2023. Solo en casos de explotación sexual, se detectaron 371 menciones a redes sociales como medio para concretar las agresiones. El análisis de esta institución demuestra que existe una vinculación directa entre vulneraciones graves a la indemnidad sexual de NNA y el uso de entornos digitales.
Algunos estándares internacionales han advertido desde hace más de una década que esta forma de violencia requiere marcos jurídicos específicos. El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (2000), así como sus Directrices de aplicación (2019), reconocen que las TIC han abierto nuevas formas de violencia sexual, incluyendo grooming, difusión de material de abuso sexual infantil y extorsión mediante sexting.
En la misma línea, el Informe de Ciberviolencia y Ciberacoso contra las Mujeres y Niñas de MESECVI (2022) llama a reformar la legislación penal para tipificar de forma integral las formas más graves de violencia de género digital, respetando principios como la taxatividad, proporcionalidad y protección de las víctimas. Además, la Relatoría Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer advirtió ya en 2018 que muchos países no cuentan con marcos jurídicos adecuados para prevenir y sancionar esta violencia en línea, recomendando que se creen normas específicas que reconozcan estas formas emergentes de violencia.
Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, en su documento “Estándares para una Internet Libre, Abierta e Incluyente” (2019), ha enfatizado que los Estados deben garantizar la igualdad y la no discriminación en el espacio digital, dado el impacto diferenciado que este entorno tiene sobre mujeres y niñas.
En Chile, a pesar de los compromisos internacionales, aún no existe una ley integral que aborde esta problemática. El proyecto de ley que “tipifica y sanciona la violencia digital” (Boletín 13928-07) se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional y debe ser conocido por la Comisión de Constitución del Senado. Su avance es clave para dar respuesta a la creciente demanda de protección frente a este tipo de violencia.
Desde una perspectiva de derechos de la niñez, la urgencia es aún mayor. La Defensoría de la Niñez ha sido enfática en señalar la necesidad de contar con una estrategia transversal y un marco normativo específico que permita garantizar entornos digitales seguros para niños, niñas y adolescentes, instando a que tanto el Estado como el sector privado asuman una responsabilidad activa.
Chile tiene hoy la oportunidad —y la responsabilidad— de avanzar hacia un marco normativo robusto, con enfoque de derechos humanos, de género y de niñez. El reconocimiento legal de esta forma de violencia, su sanción efectiva, y sobre todo, la generación de condiciones para prevenirla y erradicarla, son condiciones esenciales para garantizar una vida libre de violencia también en el espacio digital.
Las niñas y las mujeres no podemos volver a ser excluidas de un espacio social tan relevante como lo es hoy el digital.
