Cada mes de noviembre, la institucionalidad internacional nos recuerda dos conmemoraciones que están llamadas a encontrarse en propósitos comunes. El día 20 se celebra a cada niño, niña y adolescente con llamados transversales a promover su bienestar y desarrollo, mientras que el 25 de noviembre recordamos las luchas históricas por eliminar la violencia a las mujeres. A su vez, ambas fechas confluyen en el 10 de diciembre, momento en que el mundo recuerda la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
En 2025, la realidad evidencia que la violencia de género sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y generalizadas del mundo. Cifras de Naciones Unidas indican que, a nivel global, casi una de cada tres mujeres han sido víctimas de violencia física y/o sexual al menos una vez en su vida. Estas cifras se dan, a la vez, entre los esfuerzos de las últimas décadas, tanto de la sociedad civil, la academia y los estados, por avanzar en el reconocimiento de otras formas que trascienden -o cruzan – la violencia física y sexual. En el caso chileno una evidencia de este reconocimiento se encuentra en la enunciación de variadas formas de violencia en la llamada “ley de violencia integral” que se aprobó en el año 2024: física, psicológica, sexual, económica, simbólica, institucional, política, laboral y gineco-obstétrica.
Desde la institucionalidad internacional este año la conmemoración del día para la eliminación de la violencia a mujeres se centra en la violencia digital a través del mensaje de Naciones Unidas a poner atención en la gravedad que está tomando de forma muy acelerada esta expresión de vulneración de derechos. Bajo el lema #NoHayExcusa para el abuso en línea, la institucionalidad global hace un llamado que se extenderá hasta el 10 de diciembre para poner fin a la violencia digital contra las mujeres y las niñas, movilizando a todos los miembros de la sociedad en torno a la regulación de las tecnologías y plataformas. Se trata de un llamado especial a la responsabilidad de los actores estatales y privados en cuanto garantes de los derechos.
La débil regulación tecnológica, la falta de reconocimiento legal de este tipo de agresiones en varios países, la impunidad de las plataformas a través del anonimato que permiten las redes sociales, las nuevas y rápidas formas de abuso con Inteligencia Artificial y el escaso apoyo a las víctimas digitales son parte de los temas que la campaña mundial quiere enfatizar en este 2025. Si estas preocupaciones las ponemos en diálogo con los movimientos contrarios a la igualdad de género y el reforzamiento de discursos estereotipados sobre roles de hombres y mujeres que hemos visto renacer de distintas formas en el último tiempo, el panorama no es precisamente alentador, pese a las obligaciones y estándares sobre protección a las mujeres y niñas contra todas las formas de violencias en que se enmarcan las conmemoraciones de noviembre.
En el caso chileno, pese a tales obligaciones y estándares, e incluso frente a los avances por regular otras formas de violencia, con la propia ley de violencia integral (Ley N° 21.675), la de acoso callejero (Ley N° 21.153), la referida a violencias en las universidades (Ley N° 21.369) o en los espacios laborales (Ley N° 21.643), sigue sin mayores avances el proyecto de ley que “tipifica y sanciona la violencia digital” actualmente en segundo trámite constitucional y al que se le ha dado urgencia a inicios de noviembre (Boletín 13928-07).
Para las niñas y adolescentes los efectos de esta demora pueden ser aún más perversos. En su informe “Diagnóstico sobre los derechos de la niñez y la adolescencia 2025”, la Defensoría de la Niñez indica un sostenido aumento de los delitos relacionados a la explotación sexual en contextos digitales, siendo lo más significativo la adquisición y almacenamiento de material abusivo. La gravedad del fenómeno es apremiante, además, al tener clara conciencia que la violencia digital de género no ocurre fuera de contextos, sino que se amplifica a través de la tecnología, con riesgos profundos derivados de la posible “viralización” instantánea y la imposibilidad efectiva de “borrar” el contenido. Lo que se ha dado en llamar la «huella digital»: los rastros que van quedando en ese mundo digital de fronteras casi imposibles de delimitar y que pueden afectar gravemente el desarrollo, crecimiento y bienestar integral de una niña.
En agosto de 2025 se cumplieron 35 años desde que entrara en vigor en Chile el principal acuerdo internacional sobre las obligaciones de los estados para asegurar el bienestar y pleno ejercicio de los derechos de cada niño, niña o adolescente. El compromiso asumido con la Convención de Derechos del Niño tiene forma desde 2024 Chile en una nueva política nacional, prevista hasta el 2032 y que incluye como un objetivo y área de acción el “Buen trato y protección frente a la violencia”.
Así las cosas, el llamado institucional internacional para movernos en noviembre 2025 en torno a la violencia digital, puede potenciar la oportunidad que brindan en el caso chileno la normativa y política para identificar y abordar esta violencia como una de las críticas formas que viven niñas y adolescentes como vulneración de efecto continuado a sus derechos humanos, más allá de los avances que debería tener la tramitación de un necesario proyecto de ley.
