La prescripción adquisitiva no puede prosperar respecto de bienes raíces inscritos sin un título inscrito posterior, descartando que la sola posesión material permita adquirir dominio sobre tierra indígena registrada.
Máximo tribunal sostuvo que el titular no acreditó obras de captación suficientes y que la DGA actuó conforme a derecho al corregir datos y valores en las resoluciones impugnadas.
Se declaró ilegal y arbitrario el término anticipado de contratas de dos académicos de la Universidad de La Serena por cierre del IMIP y ordenó su reintegro con pago íntegro de remuneraciones.
En sentencia de unificación de jurisprudencia Rol 25.167-2024, la Cuarta Sala de la Corte Suprema reconoce que una cuidadora contratada a honorarios por la Municipalidad de Cauquenes mantuvo en realidad una relación laboral y ordena pagar indemnizaciones y cotizaciones, descartando aplicar la nulidad del despido.
La sentencia Rol N° 48.315-2025 revoca el fallo de la Corte de Valparaíso y acoge el amparo, ordenando el traslado del imputado a un establecimiento de salud mental ante la demora injustificada en ejecutar la orden judicial.
El máximo tribunal anuló dos órdenes de apremio dictadas por el Juzgado de Cobranza de San Miguel, interpretando el artículo 12 de la Ley 17.322 y precisando cuándo cesan las medidas de arresto una vez pagado el capital previsional.
El dictamen O-01-S-03830-2025 precisa cuándo procede la causal de diagnóstico irrecuperable y cómo opera el vínculo entre licencias médicas y el primer trámite de invalidez.
La Resolución Exenta N° 11.494 (04.11.2025) acumuló tres procedimientos simplificados y sancionó con censura a Centella Transmisión, Mataquito S.A. y Transchile Charrúa por no remitir oportunamente sus estados financieros exigidos por la NCG N° 475 y la NCG N° 30.
Durante siete años, un ejecutivo comercial utiliza un número de teléfono móvil contratado y pagado por la empresa. Sus clientes, proveedores y demás contrapartes lo tienen registrado a su nombre. Cuando termina la relación laboral, la empresa exige la devolución del equipo y de la línea y asigna el número a su reemplazante. El trabajador sostiene que ese número constituye un dato personal y Recursos Humanos responde que se trata de un bien de propiedad de la empresa.
El banco desconoció condiciones previamente ofrecidas y aceptadas por un consumidor y entregó información contradictoria sobre la tasa del crédito. Restableció una multa de 30 UTM y una indemnización de $17.090.167.
La Corte Suprema acogió una solicitud contra la negativa del Conservador de Bienes Raíces de San Miguel y estableció que la anotación de una compraventa en el Repertorio gozaba de preferencia frente a un embargo anotado posteriormente. La inscripción deberá practicarse siempre que se acredite el pago de contribuciones.
