La empresa Andes Iron presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema para impugnar el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que frenó su intento por obligar al Comité de Ministros a pronunciarse sobre el proyecto Dominga.

La iniciativa minero-portuaria, que contempla una inversión de US$2.500 millones en la Región de Coquimbo, lleva más de una década de tramitación ambiental desde su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

El conflicto se originó luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolviera que el fallo emitido por el Tribunal Ambiental en 2024 no tenía fuerza suficiente para obligar al Comité de Ministros a adoptar una decisión sobre el proyecto.

Frente a ese escenario, Andes Iron presentó primero un recurso de queja contra tres ministros del tribunal y posteriormente, el 1 de abril, ingresó un recurso de casación para intentar revertir la resolución.

En su presentación, la empresa cuestionó que el fallo de la Corte de Apelaciones no resolviera el fondo del conflicto y, en cambio, mantuviera abierto un proceso que ha acumulado años de litigios y actos administrativos.

La minera también acusó que el tribunal actuó fuera de sus competencias, resolvió materias que no habían sido solicitadas por las partes y no entregó fundamentos suficientes para justificar su decisión. Asimismo, sostuvo que se vulneró el debido proceso y el derecho a un juicio justo.

En paralelo, el Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de Totoralillo Norte también presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema.

El gremio sostuvo que, a su juicio, el proceso ha estado marcado por decisiones administrativas que han reabierto materias que ya habían sido resueltas por los tribunales.

Por otra parte, la geógrafa y opositora al proyecto Javiera Espinoza, representada por el abogado Marcos Emilfork, solicitó participar en el proceso ante la Corte Suprema y pidió que se mantenga suspendida la ejecución del fallo de la Corte de Apelaciones.