Senado aprueba en general proyecto “Escuelas Protegidas”, pero su despacho se retrasaría hasta después de la cuenta pública

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El Senado aprobó en general el proyecto de ley “Escuelas Protegidas”, iniciativa impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast que busca fortalecer medidas de seguridad y orden en establecimientos educacionales.

La propuesta fue respaldada por 24 votos a favor, 6 en contra y 11 abstenciones, además de un pareo, avanzando así en su segundo trámite constitucional.

Entre quienes rechazaron la iniciativa estuvieron la senadora independiente Fabiola Campillai, los parlamentarios comunistas Daniel Núñez, Claudia Pascual y Karol Cariola, además de los frenteamplistas Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez.

Aunque el Ejecutivo esperaba despachar completamente el proyecto durante la jornada, el acuerdo alcanzado entre los comités del Senado terminó postergando la votación en particular para este martes, en la sesión ordinaria de la Cámara Alta.

La decisión complicó los planes de La Moneda, que aspiraba a promulgar la iniciativa antes de la cuenta pública presidencial del próximo 1 de junio y presentarla como uno de los principales hitos legislativos del inicio de la administración.

Debido al retraso en el Senado, la discusión posterior en la Cámara de Diputadas y Diputados quedaría fijada para después del mensaje presidencial.

Pese a ello, el Gobierno todavía podría recurrir a herramientas constitucionales para acelerar la tramitación. Entre ellas, la facultad presidencial para solicitar sesiones especiales del Congreso indicando materias específicas a tratar.

El proyecto contempla seis artículos y sus principales medidas apuntan a endurecer sanciones frente a hechos de violencia escolar.

Uno de los cambios más relevantes establece un nuevo requisito para acceder a la gratuidad en educación superior: no haber sido condenado mediante sentencia firme por delitos contra la vida, integridad física o psíquica, propiedad o infraestructura pública.

La iniciativa también habilita a los establecimientos educacionales para implementar protocolos internos de revisión de mochilas, bolsos y efectos personales de estudiantes, medida que ha concentrado parte importante del debate político y constitucional en torno al proyecto.

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