El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) resolvió abrir un proceso de Participación Ciudadana (PAC) para el proyecto “Nueva planta concentradora, obras eléctricas, actualización movimiento mina e implementación de obras complementarias”, presentado por Minera Escondida mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

La decisión se adoptó tras diversas solicitudes ingresadas por particulares, organizaciones y representantes sindicales, quienes plantearon la necesidad de incorporar la opinión de la comunidad en la evaluación de la iniciativa. Entre los requirentes figuran el abogado Antonio Rojas y el ex presidente del Primer Tribunal Ambiental, Daniel Guevara.

El proceso de participación ciudadana tendrá una duración de 20 días y permitirá que personas y organizaciones formulen observaciones respecto del proyecto. Además, el SEA instruyó a la compañía publicar la resolución correspondiente en el Diario Oficial y en medios de circulación regional o nacional.

La iniciativa forma parte del plan de desarrollo de largo plazo de Minera Escondida y contempla la construcción de una nueva planta concentradora destinada a reemplazar progresivamente a la planta Los Colorados, cuya vida útil se acerca a su término. La inversión estimada fluctúa entre US$ 4.400 millones y US$ 5.900 millones.

Según los antecedentes ingresados al sistema, la nueva infraestructura permitirá mantener una capacidad de procesamiento cercana a las 460 mil toneladas diarias de mineral, sin modificar los niveles de producción actualmente autorizados para la operación.

Desde la compañía señalaron que la apertura de la participación ciudadana corresponde a una etapa contemplada en la normativa ambiental vigente y que permitirá compartir antecedentes sobre una de las principales inversiones proyectadas para la continuidad operacional de la faena.

La iniciativa también ha generado debate respecto del instrumento ambiental utilizado para su evaluación. Algunos de los solicitantes sostienen que el proyecto debiera ingresar mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), considerando su magnitud y relación con otras inversiones anunciadas por la minera en la región.

De ser aprobado, el proyecto requerirá una importante etapa de construcción, con un promedio estimado de 2.500 trabajadores mensuales y máximos cercanos a las 6.000 personas en los períodos de mayor actividad. La puesta en marcha de la nueva concentradora está proyectada para comienzos de la próxima década.