La cantidad promedio de obligaciones ambientales contenidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) aumentó desde 60 por proyecto en 2015 hasta 213 en 2024, de acuerdo con un estudio presentado por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP).

La investigación analizó 3.728 resoluciones aprobadas entre 2015 y 2024, correspondientes al 96% de los proyectos y al 99% de la inversión sometida a evaluación ambiental durante ese período. Mediante herramientas de inteligencia artificial, el organismo identificó más de 481 mil obligaciones aplicables a proyectos de distintos sectores económicos.

Los mayores incrementos se registraron en minería, donde el número promedio de exigencias creció 337%; industria, con un alza de 278%; energía e infraestructura, con 220%; y saneamiento, con 203%. La CNEP también detectó que el fenómeno afecta a iniciativas de todos los tamaños, incluidos proyectos con inversiones inferiores a US$10 millones.

Según el estudio, el aumento no se explica principalmente por la creación de nuevas normas. De las 178 disposiciones identificadas como origen de las obligaciones, solo el 3,1% fue promulgado después de 2015. El cambio estaría asociado a una aplicación más intensa del marco regulatorio vigente: mientras una RCA citaba en promedio menos de 15 cuerpos normativos en 2015, en 2024 la cifra se acercó a 25.

El análisis estableció que el 59% de las obligaciones proviene de normas expresamente citadas en las resoluciones, mientras que el 41% corresponde a compromisos voluntarios de los titulares o condiciones específicas incorporadas por la autoridad durante la evaluación ambiental.

Además, cerca del 80% de las exigencias corresponde a obligaciones de medios, que no solo fijan un objetivo ambiental, sino que también determinan los procedimientos, monitoreos y mecanismos para alcanzarlo. Las obligaciones relacionadas con reportes, registros y acreditación de cumplimiento aumentaron desde el 23% del total en 2015 hasta el 32% en 2024.

La CNEP también identificó problemas de organización y trazabilidad de la información, asociados a la utilización de archivos escaneados, formatos heterogéneos e inconsistencias entre documentos. Frente a ello, propuso crear una base de datos integrada, estandarizar las obligaciones ambientales mediante herramientas de inteligencia artificial y desarrollar una infraestructura tecnológica abierta que facilite el acceso y la interoperabilidad de los antecedentes.