En la antesala del seminario “Protección de Datos en la Práctica: del rol del DPO al cumplimiento sectorial”, que se realizará el próximo 24 de junio, la académica de la Universidad Diego Portales y organizadora del evento, Alejandra Castillo, conversó con Actualidad Jurídica, el blog de DOE, sobre los desafíos que enfrentarán organizaciones y ciudadanos ante el nuevo estándar de protección de datos personales.

¿Por qué la entrada en vigencia de esta ley marca un cambio relevante para la forma en que las instituciones públicas y privadas deben tratar los datos personales?

Es un cambio sumamente importante porque se trata de una de las pocas reformas legales que impacta prácticamente a todas las áreas del derecho. Tiene implicancias en materia penal, laboral, sanitaria, de consumo y en múltiples ámbitos de la actividad pública y privada.

Además, supone un cambio de paradigma respecto de la relación entre los titulares de los datos y quienes los tratan. Hoy adquieren mayor relevancia los derechos de los titulares, mientras que los responsables deben justificar adecuadamente el tratamiento de datos conforme a las bases de licitud establecidas por la ley.

En la práctica, esto representa un desafío significativo. Históricamente, muchas organizaciones han tenido dificultades para implementar resguardos adecuados. En el sector público, además, existen tensiones con funciones que ya cuentan con habilitaciones legales específicas, como la investigación penal, la fiscalización bancaria o ciertas materias de consumo. Sin embargo, incluso en esos casos, los derechos asociados a la protección de datos no son irrestrictos y deben ser respetados.

Todo esto plantea desafíos enormes, especialmente para los organismos públicos.

El seminario “Protección de Datos en la Práctica: del rol del DPO al cumplimiento sectorial”, propone mirar la protección de datos desde una perspectiva práctica. ¿Cuáles son hoy los principales desafíos para avanzar desde una mirada normativa hacia una verdadera cultura de cumplimiento?

Diría que existen dos desafíos fundamentales.

El primero es socializar el contenido de la ley. Esta normativa difícilmente podrá funcionar adecuadamente si los titulares de los datos desconocen sus derechos. La experiencia europea demuestra que uno de los mecanismos más eficaces de fiscalización es la presentación de reclamos por parte de los propios titulares ante la autoridad competente.

Sin embargo, hoy existe poco conocimiento sobre qué son los datos personales, cuáles son los derechos asociados a ellos o incluso cuál es la diferencia entre datos personales y datos digitales. Esa brecha sigue siendo importante.

El segundo desafío es comprender la ley desde una lógica positiva de cumplimiento. Esto implica asumir que una adecuada protección de datos tiene efectos reputacionales y fortalece la confianza de titulares, clientes y socios comerciales, especialmente en un contexto internacional.

A veces surgen discursos que buscan relativizar ciertas exigencias legales argumentando que algunos mecanismos, como el consentimiento, estarían siendo cuestionados en otros países. Sin embargo, no debemos perder de vista que esta legislación tiene como foco principal la protección de las personas titulares de los datos. Ese objetivo debe seguir estando en el centro de la discusión.

Uno de los focos del seminario será el rol del delegado de protección de datos. ¿Qué importancia tiene esta figura y qué capacidades debería tener?

El delegado de protección de datos cumple un rol fundamental para el cumplimiento efectivo de la ley. Es la persona encargada de identificar incumplimientos, gestionar brechas y coordinar la comunicación con la autoridad competente cuando sea necesario.

Se trata de una función particularmente delicada porque requiere equilibrar distintos intereses dentro de una organización. Por una parte, debe contar con la confianza de la institución. Por otra, debe tener independencia suficiente para advertir riesgos y exigir correcciones cuando corresponda.

Además, necesita una combinación de competencias jurídicas y técnicas. Debe comprender tanto los aspectos regulatorios como los tecnológicos involucrados en el tratamiento de datos personales.

También resulta esencial que tenga la capacidad de comunicarse eficazmente con la autoridad, especialmente cuando se trata de reportar brechas o incumplimientos. Esa comunicación debe ser precisa tanto desde el punto de vista jurídico como técnico.

Por eso, muchas veces este rol requiere perfiles híbridos o equipos que combinen conocimientos legales e informáticos.

Desde la academia, ¿qué aporte pueden hacer espacios como este seminario para conectar la discusión jurídica con los problemas concretos que enfrentarán organizaciones y usuarios?

Uno de los principales aportes de este seminario es precisamente acercar la discusión jurídica a los desafíos reales que plantea la implementación de la ley.

Se trata de una actividad gratuita y abierta a todo público, que además contempla espacios para preguntas y discusión. Eso permite que las personas comprendan mejor cuáles son sus derechos y obligaciones.

Pero quizás su mayor valor radica en la interacción entre el mundo académico y quienes trabajan directamente en la implementación práctica de estas normativas. Muchas veces la academia ofrece determinadas interpretaciones jurídicas y la práctica enfrenta dificultades concretas para aplicarlas. Ese diálogo resulta enormemente enriquecedor.

También es relevante incorporar tanto la mirada pública como la privada. Aunque ambas están sujetas a la ley, enfrentan desafíos distintos y eso permite enriquecer el debate.

Como organizadora del evento, ¿cuáles son tus expectativas para esta jornada?

Espero que sea una instancia de discusión enriquecedora, especialmente porque permitirá abordar algunas de las principales dudas e incertidumbres que aún existen respecto de la aplicación de la ley.

Hay materias que siguen siendo objeto de debate, como la interpretación del artículo 8 bis o el alcance del interés legítimo como base de tratamiento. Son temas sobre los cuales todavía existen posiciones divergentes y que requieren mayor reflexión.

La idea es que este espacio contribuya precisamente a aclarar algunas de esas zonas grises y a generar una mejor comprensión de la normativa, tanto desde la teoría como desde la práctica.