Hasta hace poco, una empresa chilena podía justificar su dispositivo de seguridad apelando a la costumbre, al presupuesto histórico o al criterio del supervisor de seguridad de turno. La cantidad de guardias, el número de cámaras, la altura del cierre perimetral, los sistemas de alarma: todo eso se decidía, en buena parte de los casos, por inercia, casi nunca documentadamente, y rara vez se contrastaba con un análisis sistemático de las amenazas que la organización efectivamente enfrentaba. La Ley N° 21.659, publicada en marzo de 2024, hace esa lógica jurídicamente insuficiente.