El Senado despachó el proyecto que regula el uso de agua de mar para desalinización, dejándolo en condiciones de convertirse en ley tras su aprobación en tercer trámite.
El Senado aprobó y despachó a tercer trámite el proyecto de ley que establece la obligación para el personal de Gendarmería de Chile de presentar declaraciones de intereses y patrimonio, en línea con la normativa vigente sobre probidad en la función pública.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició una investigación para analizar los efectos en Chile de la adquisición de Molycop por parte de la firma india Tega Industries y fondos vinculados a Apollo Global Management.
El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) acumuló ingresos por US$15.700 millones en proyectos mineros en un periodo de nueve días, tras la incorporación de una nueva iniciativa de litio en la Región de Antofagasta.
El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) advirtió que, bajo las proyecciones actuales, Chile podría registrar un nuevo incumplimiento de la meta fiscal en 2026, en un escenario marcado por riesgos en los ingresos y mayores presiones de gasto.
El Ministerio del Medio Ambiente inició el proceso para elaborar una norma de calidad ambiental orientada a la recuperación del lago Vichuquén, en la Región del Maule, afectado por un deterioro sostenido de sus aguas.
Colbún definió un plan de inversiones por hasta US$ 1.500 millones al 2030, con el objetivo de incorporar 1.000 MW de nueva capacidad, en una estrategia enfocada en energías renovables y almacenamiento.
El ajuste al impuesto específico al diésel propuesto por el Gobierno tendría como principal efecto una mayor carga para las empresas no transportistas, especialmente del sector minero, y permitiría generar ingresos fiscales por cerca de US$136 millones.
La estadounidense Albemarle ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) un proyecto por US$3.100 millones para su operación en el Salar de Atacama, enfocado en la implementación de tecnología de extracción directa de litio (DLE).
El Banco Central mantuvo la Tasa de Política Monetaria en 4,5% y ajustó su escenario inflacionario, en un contexto marcado por el alza del petróleo derivada del conflicto en Medio Oriente.
