Concluyó que la resolución impugnada adolecía de ilegalidad.
El 12 de mayo de 2025, la Corte Suprema, en causa Rol N° 14.380-2025, confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la cual acogió parcialmente la acción de amparo interpuesta en contra del Servicio Nacional de Migraciones. En específico, se dejó sin efecto la Resolución Exenta N° 24590636, de fecha 21 de diciembre de 2024, ordenando a la autoridad administrativa reabrir el procedimiento y otorgar al amparado un plazo no inferior a seis meses para presentar el certificado de antecedentes penales debidamente legalizado o apostillado. Vencido dicho plazo, el Servicio deberá resolver la solicitud de residencia definitiva del extranjero.
El caso se originó tras la presentación de un recurso de amparo en favor de un ciudadano haitiano, a quien se le había rechazado su solicitud de residencia definitiva mediante la resolución mencionada, ordenando además su abandono del país. El recurrente alegó que dicha decisión vulneraba su libertad ambulatoria.
El ciudadano explicó que ingresó a Chile en calidad de turista, huyendo de la difícil situación económico-social de Haití, y que luego solicitó residencia definitiva. Sin embargo, su solicitud fue rechazada por no haber acompañado el certificado de antecedentes penales de su país, debidamente legalizado o apostillado, documento cuya tramitación aún se encontraba en curso.
La Corte de Apelaciones valoró las circunstancias del caso y acogió el amparo, considerando especialmente las dificultades que enfrentan los ciudadanos haitianos para obtener documentos oficiales debido a la grave crisis institucional en su país. En este contexto, estimó que el plazo de diez días otorgado por la autoridad para presentar el certificado resultaba irrazonable, constituyendo una exigencia de imposible cumplimiento. Por ello, concluyó que la resolución impugnada adolecía de ilegalidad.
Apelada dicha decisión, la Corte Suprema la confirmó.