El máximo tribunal estimó arbitraria la dilación en la tramitación del beneficio, atribuida a falta de coordinación y rigurosidad entre los organismos recurridos.
La Tercera Sala de la Corte Suprema en causa rol N°6923-25, en sentencia de 20 de mayo, revocó el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Iquique el 24 de febrero de 2025 y acogió un recurso de protección vinculado al pago del bono de incentivo al retiro.
La acción fue deducida por un docente contra el Servicio Local de Educación Pública de Iquique y la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique. Alegó que la falta de pago del bono vulneraba sus derechos a la integridad física y psíquica, y a la propiedad.
El conflicto se originó tras la adjudicación de un cupo mediante Resolución Exenta N°3904, de 27 de julio de 2023. Sin embargo, el pago no se concretó debido a una tramitación prolongada, vinculada al traspaso del establecimiento educacional desde la corporación municipal al SLEP Iquique.
La Corte constató que ningún organismo negó el derecho del recurrente al beneficio previsto en la Ley N°20.976. El problema, sostuvo, radicó en la falta de coordinación y en la entrega incompleta o tardía de antecedentes necesarios para concluir el procedimiento administrativo.
El fallo recordó que el recurso de protección tiene naturaleza cautelar y busca resguardar derechos preexistentes frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios. En este caso, la falta de diligencia fue calificada como arbitraria.
Para el tribunal, la demora afectó el derecho de propiedad del recurrente sobre el bono de incentivo al retiro, amparado por el artículo 19 N°24 de la Constitución. Por ello, ordenó a los organismos recurridos entregar, dentro de 15 días, toda la información necesaria para el pago.
Además, dispuso que la Subsecretaría de Educación informe de inmediato a la Corte de Apelaciones de Iquique la recepción de los antecedentes y la fecha precisa de pago del beneficio.
