Se acreditó que la parte recurrente, efectivamente, mantenía la calidad de ocupante ilegal.
El 20 de agosto la Corte Suprema en causa rol N° 21.511-2025 confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Copiapó, la que rechazó la acción de protección interpuesta en representación de la Comunidad del Pueblo Chango “Costeños Ancestrales” de Chañaral, en la región de Copiapó, en contra de la SEREMI de Bienes Nacionales de la región de Atacama, doña Mónica Marín Aguirre, y del Delegado Presidencial Provincial de Copiapó.
La acción de protección se interpuso en representación de la comunidad del Pueblo Chango “Costeños Ancestrales” de Chañaral, en la región de Copiapó en contra de la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Atacama y del Delegado Presidencial Provincial de Copiapó, por haber incurrido en actos que generaron la privación, perturbación y/o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales establecidas en los numerales 1, 2, 3, 6, 8 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. En resumen, señala que el 26 de noviembre de 2024, sin orden judicial ni notificación previa alguna, funcionarios de la Delegación Presidencial Provincial de Chañaral, en conjunto con funcionarios de la SEREMI de Bienes Nacionales y el apoyo de Carabineros de Chile, ingresaron al terreno en que residen, ubicado en el sector “Playa Las Piscinas s/n”, procediendo a destruir un cerco y una construcción con un profundo valor espiritual y ceremonial para la comunidad changa, destinado a la preservación de prácticas culturales ancestrales y espirituales fundamentales para la continuidad de su identidad como pueblo. Agrega que también se llevaron mobiliario perteneciente al grupo, tales como mesas, sillas y un mesón, entre otros enseres.
La Corte de Apelaciones rechazó la acción de protección interpuesta, indicando que se verificó una fiscalización por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, en virtud de la cual se constató la ocupación ilegal ejercida por terceros sobre terrenos fiscales en el sector Las Piscinas, de la comuna de Chañaral. Asimismo, en base a las fotografías acompañadas dan cuenta de las construcciones incipientes referidas por la fiscalizadora, y se dejó constancia que se removieron 60 cercos, 4 construcciones incipientes y 3 palafitos.
Añadió que la SEREMI de Bienes Nacional se encontraba facultada para ejecutar el proceso de toma de posesión de los inmuebles fiscales ocupados ilegalmente, lo que hizo junto a Carabineros de Chile de Copiapó y Chañaral, funcionarios de la Delegación Presidencial, funcionarios fiscalizadores y la empresa contratista, descartando así arbitrariedad e ilegalidad en el actuar de dicha autoridad.
Apelada dicha decisión, la Corte Suprema la confirmó.