El actuar de los funcionarios de Carabineros se ajustó a derecho.
El 22 de octubre de 2025, la Segunda Sala de la Corte Suprema rechazó un recurso de nulidad interpuesto por la defensa de un condenado por tráfico ilícito de drogas (Rol N° 33.488-2024), confirmando la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle que impuso cinco años y un día de presidio efectivo. El fallo reafirma que el “olor a marihuana”, sumado a la marca positiva de un perro detector, constituye un indicio suficiente para justificar un control de identidad conforme al artículo 85 del Código Procesal Penal.
El caso se originó en enero de 2022 en Los Vilos, cuando Carabineros fiscalizó una camioneta en la Ruta D875 y halló más de 1,2 kilos de cannabis tipo cogollo. La defensa alegó infracción al debido proceso, argumentando que el control fue arbitrario y que el “olor a marihuana” no constituye un indicio objetivo.
Sin embargo, la Corte Suprema sostuvo que la actuación policial se ajustó a derecho, dado que la percepción olfativa y la marca del can detector conformaron un conjunto indiciario suficiente para proceder al registro del vehículo y la detención. La sentencia reitera jurisprudencia anterior (Roles N° 35.167-2017, 79.969-2021 y 67.071-2022) que valida controles vehiculares con indicios verificables, siempre que se respete el marco del artículo 83 del Código Procesal Penal y las facultades autónomas de Carabineros bajo la Ley N° 18.290. El fallo también desarrolla el concepto de debido proceso (artículo 19 N° 3 de la Constitución), señalando que toda actuación policial debe armonizar el ejercicio de la persecución penal con las garantías constitucionales del ciudadano.
En prevención, el Ministro Leopoldo Llanos coincidió con rechazar el recurso, pero disintió parcialmente: advirtió que el “olor a marihuana” por sí solo no cumple el estándar de objetividad exigido por el artículo 85 del Código Procesal Penal, recordando precedentes (Roles N° 21.413-2014, 2.222-2019 y 30.159-2020) donde la Corte descartó ese indicio como suficiente. A su juicio, solo la marca del can detector justificó el control.